A cuatro días de la apertura del Año Judicial, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aborda este lunes un pleno crucial para desbloquear la elección de la presidencia de la institución, que evite que el órgano de gobierno de los jueces no esté representado oficialmente en el acto que preside el Rey.
Sobre la mesa hay siete candidaturas de magistrados y magistradas del Tribunal Supremo, que fueron las registradas en el pleno del pasado 25 de julio. Cinco mujeres y dos hombres de diferentes tendencias. Los progresistas han propuesto a Ana Ferrer, Pilar Teso y Ángeles Huet. Y el bloque conservador a Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Carmen Lamela y Pablo Lucas.
Pilar Teso es la favorita del bloque progresista, aunque sin olvidar a Ana Ferrer y siempre con la intención de situar por vez primera a una mujer al frente del Poder Judicial; y Pablo Lucas es la primera elección de los conservadores, a quien algunos encasillan de progresista y otros de moderado. Hoy, ninguno genera consenso.
La Ley Orgánica del Poder Judicial exige una mayoría reforzada de tres quintos de los miembros del Pleno, lo que obliga a un acuerdo entre ambos bloques, que hasta la fecha ha sido inviable, por las posiciones inamovibles de ambos grupos, si bien los vocales –diez elegidos a propuesta del PSOE y otros tantos del PP– son conscientes de que «hay que salir de esta situación cuanto antes».
Diversos vocales afirman a Efe que el Poder Judicial no se puede permitir llegar al acto del Año Judicial con una silla vacía o un representante meramente formal, que sería Bernardo Fernández, por ser el vocal de más edad, aunque aquí las interpretaciones varían. Según fuentes de ambos grupos, las reuniones son «constantes» desde que el 5 de agosto fracasara el último intento por elegir la presidencia. De hecho, en los últimos días las llamadas y negociaciones se han intensificado. «No se ha dejado ni un minuto de buscar el acuerdo, se está apretando al máximo para conseguirlo», añaden las fuentes. Pero lo cierto es que «no se han producido apenas avances». Es más, las fuentes aseguran que se centran en hablar de programas y objetivos de la futura presidencia porque «en los nombres estamos alejados».
Todos entienden que hay que elegir a una de las siete candidaturas, pero si la situación se enquista más aún, algunos vocales sugieren que «habrá que buscar fórmulas alternativas», sin precisar en qué consisten o si se podría abrir la puerta a nuevas candidaturas ajenas al Supremo. Sin embargo, este escenario lo rechaza una mayoría de vocales no solo por ser contrario a la ley, sino porque temen que las asociaciones llegaran a recurrir ese nombramiento. Ahora bien, la situación es de tal urgencia que las partes se han comprometido a seguir tratando de alcanzar el acuerdo el martes en caso de no lograrlo este lunes. «Tiene que salir sí o sí antes del Año Judicial», añaden.
El miércoles es un día tan crucial o más que el lunes, porque ese día estaría prevista la toma de posesión, explica un vocal. «Para el 4 lo tenemos que tener resuelto».
Otra clave para la elección puede venir determinada porque el pasado 22 de agosto entró en vigor la ley Orgánica 2/2024 de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, que se proyecta sobre el órgano de gobierno de los jueces. Actualmente, el CGPJ cumple dicha norma porque hay el mínimo de 40% de mujeres, 8 frente a 12. Pero ocurre que la figura de la presidencia no genera consenso en esta cuestión, porque los conservadores entienden que la norma no afecta a este puesto, mientras que los progresistas consideran lo contrario.
Sea como fuere, las fuentes no esconden que esta nueva ley condiciona ya las negociaciones, por eso los conservadores recuerdan que en su lista están Lamela y Córdoba, que no gustan entre los progresistas.
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El Rey Felipe VI abrirá el próximo jueves a partir de las 12:00 horas el año judicial 2024-2025 en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo (TS), el primero con un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) renovado tras pasar casi seis años con el mandato caducado por la falta de acuerdo entre PP y PSOE. La fecha fue fijada sin que el órgano de gobierno de los jueces haya elegido hasta el momento a su nuevo presidente. Cabe recordar que, el pasado año, el encargado de intervenir en la apertura fue el entonces presidente interino del Supremo, Francisco Marín Castán, y también el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Un día antes, Don Felipe recibirá en audiencia en el Palacio de la Zarzuela al presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, y al fiscal general del Estado. El motivo de ambos encuentros es entregar al Monarca una copia de las memorias anuales tanto del Constitucional como de la Fiscalía General, según recoge la agenda de la Casa Real. Las citas serán a las 10:00 y a las 10:45 horas.
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