La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) emitió un comunicado para pronunciarse acerca del incremento de la inseguridad ciudadana en el Perú y los casos de extorsión en contra del servicio de transporte público. El organismo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó acerca de la instalación de mesas de trabajo entre las empresas de transporte y la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Asimismo, indicó que envió un oficio al Ministerio del Interior pidiendo la elevación al Ejecutivo de la propuesta de convocatoria a "Sesión de Consejo de Estado" para que se implementen diversas medidas en contra de la criminalidad y para salvaguardar la seguridad de los trabajadores de los medios de transporte.
"Ante la creciente inseguridad que afecta el servicio de transporte urbano en Lima y Callao, causada por extorsiones y atentados que ponen el alto riesgo la seguridad e integridad de los operadores de transporte y de los usuarios, la ATU, con el sentido de urgencia que esta situación amerita, ha promovido mesas de trabajo (...) con el propósito de aunar esfuerzos con la PNP, que permita intensificar las acciones preventivas en puntos álgidos", se lee en el comunicado de la ATU.
Alrededor del 40% de los vehículos de transporte público en Lima y Callao se encuentra bajo la presión de extorsionadores, según reveló un reciente informe de Óscar Chumpitaz. Estas mafias exigen pagos semanales, conocidos como "cupos", a los conductores y propietarios de unidades, quienes se ven obligados a pagar sumas que oscilan entre S/100 y S/500. La extorsión afecta principalmente a las rutas de los denominados “corredores viales” y es considerada una de las principales causas de inseguridad para quienes operan en este sector.
Los conductores han denunciado que, en caso de negarse a pagar, sufren amenazas, ataques a sus vehículos e incluso agresiones físicas. Las mafias extorsionadoras han establecido un sistema en el cual obligan a los transportistas a pagar bajo la amenaza constante de violencia. Ante esta situación, las autoridades han implementado operativos de seguridad, aunque los resultados hasta el momento han sido limitados, y los transportistas siguen enfrentando esta grave problemática en su día a día.
En este contexto, las asociaciones de transportistas han solicitado al Gobierno medidas más contundentes para proteger a los trabajadores y garantizar la seguridad en las rutas. Entre las propuestas destacan la implementación de sistemas de monitoreo y la creación de una línea directa de denuncias que ofrezca anonimato y protección a los transportistas. Mientras tanto, la extorsión continúa siendo un flagelo que afecta no solo a los conductores, sino también a los usuarios del transporte público.
Las amenazas contra la Empresa de Transportes Urbanos los Chinos S.A. (Etuchisa) continúan. El miércoles 28 de agosto, presuntos extorsionadores colocaron una granada en el paradero final de los buses de dicha compañía de transporte, ubicado en Villa El Salvador. El artefacto explosivo fue encontrado dentro de un folder manila, que también contenía una carta con amenazas directas dirigidas a los altos directivos de la empresa.
Este acto delictivo ha ocasionado un clima de temor entre los empleados de Etuchisa, quienes piden mayor seguridad ante la creciente ola de violencia. "Pedimos más resguardo, porque esto se está saliendo de control. No solamente acá, sino en todos lados. No son solo las extorsiones, es la delincuencia, el sicariato. Las autoridades no hacen nada y nos sentimos desamparados", expresó un conductor de la empresa durante una entrevista radial.
