Durante demasiado tiempo, la Unión Europea ha insistido en la necesidad de que España desbloqueara la composición del Consejo General del Poder Judicial y de que se arbitrara un mecanismo de selección de sus vocales que no estuviera sometido a la injerencia del poder político. Con el Consejo de los jueces ya renovado, y a falta de que se acometa la reforma legislativa exigida por Bruselas, son los propios vocales quienes ahora se enrocan en el proceso de elección de la nueva presidencia, lo que replica un conflicto aritmético entre tendencias que reproduce, de forma demasiado impúdica, la influencia que el poder legislativo ha tenido en la composición del órgano. Quienes componen el CGPJ tienen la obligación civil de estar a la altura de la responsabilidad que les ha sido encomendada. Mérito, capacidad e independencia deben ser los únicos criterios que sirvan para escoger una presidencia que pueda devolver la credibilidad al órgano
