El pasado 26 de marzo, el Consejo de Gobierno aprobó una nueva fase del conocido 'Plan 10.000 Viviendas', que incluía la construcción de 316 inmuebles en el barrio del Polígono residencial de Toledo, tras la cesión gratuita de unos terrenos de Gicaman ( Gestión De Infraestructuras De Castilla La Mancha SAU ), empresa pública adscrita a la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Una noticia que un día antes ya fue anunciada a bombo y platillo por el presidente Emiliano García-Page , pero ahora, seis meses después, el proyecto se ha truncado al haber quedado desierto el proceso de licitación iniciado el 15 de mayo, cuyo plazo para presentación de ofertas finalizó el 16 de agosto, tras una prórroga de un mes. Algo que confirma a ABC la directora general de Vivienda de la Junta, Inés Sandoval , que adelanta que ahora los pasos a seguir apuntan a la revisión del pliego de condiciones, analizar los motivos por los que ha quedado desierto el concurso y ver los procedimientos que se pueden tomar dentro de la normativa administrativa. Los 316 pisos proyectados iban a construirse en la parcela registral 1/73.444, propiedad de Gicaman, situada en la calle Río Fresnedoso, número 55 , del Polígono Residencial Santa María de Benquerencia, siendo «viviendas de protección oficial, energéticamente eficientes, en régimen de alquiler social o a precio asequible». El modelo ideado por el Gobierno de Castilla-La Mancha pasa por la colaboración público-privada y, para ello, según se recoge en el pliego de condiciones, en esto proyecto iban a invertir 42,5 millones de euros, de los cuales 15,7 eran aportados por los Fondos Next Generation de la Unión Europea, mientras que la Junta cedía ese suelo público valorado en 7,6 millones de euros. Como caseros de estas viviendas, se informaba en el anuncio, sería la empresa adjudicataria de la construcción de viviendas la que se encargase de la construcción y de la gestión posterior de la explotación de los alquileres durante un plazo mínimo de 50 años y máximo de 75. El plazo máximo de fin de obra era, en un principio, el 30 de junio de 2026 y los inmuebles iban a contar con una superficie media de 71 metros cuadrados, de uno, dos y tres dormitorios, siendo el precio final del arrendamiento cercana a los 700 euros mensuales. «Se trata de un modelo de construcción y promoción inmobiliaria muy novedoso que en Europa está funcionando muy bien, pero en España aún no está arraigado», afirma Inés Sandoval, que explica que consiste en la cesión de suelo público mediante un derecho de superficie para construir viviendas y que, después, transcurridos 50 años, tanto el terreno como los inmuebles revierten a la administración, pero la iniciativa privada recupera su inversión a través de las rentas del alquiler de los inquilinos. A juicio de la directora general de Vivienda, «este nuevo modelo es el presente y el futuro», pero cree que en España y en Castilla-La Mancha el sector inmobiliario está más especializado en un «modelo más tradicional , que pasa más por construir viviendas para luego venderlas, ya sean protegidas o libres, aunque está haciendo un esfuerzo para adaptarse a los nuevos tiempos». «Al final, tanto ellos como nosotros, perseguimos un objetivo compartido, que es ampliar la oferta de viviendas y que ésta sea asequible», asegura. Pese a que el concurso ha quedado desierto, Sandoval reconoce que sí hubo empresas interesadas y estaban buscando financiación, principalmente a través de fondos de inversión. «Nosotros estamos en diálogo constante con el sector inmobiliario y, antes de sacar a licitación cualquier pliego, nos sentamos con ellos y conocemos de primera mano cuáles son sus necesidades, porque al final son los que están en el día a día», concluye.
