Después de pasarse el verano culpando a Talgo del mal funcionamiento de Renfe, el turbulento ministro Puente ha impuesto su decisión de vetar la Opa de la húngara Ganz-Mavag por el control de la compañía española, cuyo nombre proviene del acrónimo “Tren Articulado Ligero Goicoechea Oriol”. De esta manera, se queda Talgo sin fuelle financiero, con una fuerte caída de sus acciones y pérdidas superiores a los 130 millones de euros para sus accionistas. Los sindicatos, inquietos ante la situación, reclaman una hoja de ruta al Gobierno, que ha actuado por prejuicios ideológicos, utilizando la presunta cercanía de Hungría a Rusia para tapar lo que en realidad es un veto a Orban, por considerarlo de ultraderecha. Ultra o no, Hungría es un país democrático que forma parte de la UE, donde existe libertad de movimientos y capitales. Orban ha ganado cinco elecciones por mayoría absoluta y no es un aliado de Putin: tiene una opinión diferente sobre cómo resolver el conflicto de Ucrania. Si por relaciones con Rusia fuese, el Gobierno español no debería haber aceptado nunca los votos de Puigdemont. La “trama rusa” de Junts está judicializada y más que probadas las conversaciones con personajes del Kremlin para lograr el apoyo putinesco a la independencia de Cataluña. Lo de Moscú es, por tanto, una simple mascarada que apenas esconde un veto ideológico de Sánchez a Orban por considerarle de “ultraderecha”, la denostada palabra que sirve para justificar cualquier arbitrariedad, incluso en el seno de la UE, que dispensa peor trato al húngaro que a nuestro presidente, pese a los intentos de Sánchez por controlar al poder judicial.
