La noticia ha dado la vuelta al mundo: el multimillonario franco-ruso Pavel Durov, fundador y dueño de Telegram, fue detenido por la policía francesa el pasado sábado e inculpado en tribunales por doce cargos penales. Está acusado de ser «cómplice» de difusión de contenido delictivo incluyendo pedofilia, fraude, narcotráfico, ciberacoso y terrorismo. Pero sobre todo, se le señala por quedarse de brazos cruzados ante los mensajes que intercambia diariamente el crimen organizado en su plataforma, bajo el amplio paraguas de la «protección de datos». Durov irá a juicio en libertad condicional, pero no puede abandonar el territorio francés. Debe presentarse ante los tribunales dos veces por semana y se le ha fijado una fianza de 5 millones de euros. Se trata de la personalidad más importante, entre los gigantes tecnológicos del mundo, que recibe un golpe judicial de esta magnitud. Y lo recibe en Francia. ¿Por qué?
«Obviamente, la inculpación, incluso la detención policial, del director de una empresa puede parecer extrema. Pero hay que considerar a Telegram como una empresa con sus propias particularidades. Si, por ejemplo, los magistrados tuvieran que hacer las mismas preguntas a Meta (Facebook, Instagram), aquí la empresa tiene un director general para Francia, hay oficinas, hay personal, hay un director encargado de los asuntos jurídicos, hay gente con la que hablar. No es necesario llamar a tribunales a Mark Zuckerberg. Telegram es una empresa mucho más pequeña y tiene como política exactamente lo contrario», traslada a LA RAZÓN Nicolas Arpagian, experto en ciberseguridad y riesgos digitales.
Efectivamente, Telegram puede ser un dolor de cabeza para las autoridades porque su política empresarial es no responder a la justicia. No revelar sus datos, sus usuarios, su método. Ese es su proyecto. También puede considerarse como un elemento de marketing que la convierte en una mensajería apetitosa para sus usuarios. Los buenos y los malos. La idea de un encriptamiento total de datos y una no rendición de cuentas es exactamente lo que buscan los clientes de Telegram. Si Durov empieza a colaborar con los gobiernos de Francia, Rusia o la Unión Europea, su atractivo se viene abajo.
En todo caso, es una decisión corporativa que no es dictada por un gerente subalterno. Viene directamente de Pavel Durov y su hermano, Nikolai, creadores, directores y financiadores de Telegram. De allí la responsabilidad que tienen ante la justicia francesa.
Con la imputación de Pavel Durov, una pregunta parece flotar en el ambiente: ¿por qué Francia toma la delantera contra Telegram? ¿No existe acaso una ley europea que se encarga de supervisar a los grandes de la tecnología?
Sí, existe. Se llama la Digital Services Act (DSA) y su objetivo es regular la actuación de las plataformas digitales, como redes sociales y comercios online, así como los motores de búsqueda en internet. Allí están reflejadas las famosas GAFA –Google, Apple, Facebook y Amazon– y todas las empresas que se asemejan a ese perfil. Pero la ley tiene una limitante: el tamaño de la empresa que se busca regular.
Arpagian lo explica así: «Telegram no está directamente sujeta a la DSA. ¿Por qué no? Porque hay un efecto de tamaño. Cuando las autoridades europeas crearon esta DSA, pensaron en aplicarla a las plataformas más grandes: el criterio es tener 45 millones de usuarios mensuales. Telegram está un poco más abajo, tiene alrededor de 40 millones».
La DSA es la respuesta legal de la Unión Europea a las empresas gigantes de Internet que intentaron convencer a las autoridades durante mucho tiempo que eran solo «alojadores» y no «editores» de contenido. Que su responsabilidad se limitaba a proveer la plataforma y no a controlar lo que allí se transmitía. Esto ha cambiado radicalmente para Meta, Amazon y Google. Pero no para Telegram, que sigue ondeando la misma bandera de la responsabilidad limitada.
¿Qué debe hacer Telegram, y específicamente Pavel Durov, para salir limpio de las acusaciones de complicidad en crímenes tan graves como terrorismo, pedofilia y fraude?
Según Arpagian, tiene que abrir una puerta de control a las autoridades francesas. «Tiene que tener en cuenta que en Francia hay reglamentos sobre las herramientas de criptografía: las comunicaciones pueden ser encriptadas pero las autoridades, en un determinado contexto y con un determinado procedimiento oficial, deben ser capaces de acceder a ellas. En otras palabras, el cifrado es libre, pero debe haber una autorización y un sistema de control para evitar que haya crímenes encubiertos. Esa es la norma. Pero sobre todo, lo que se le reprocha a Durov es no cooperar cuando la justicia lo ha solicitado. No se le está pidiendo que añada más seguridad a la plataforma. Se le exige que comunique los sistemas de cifrado y que colabore. Y si no lo hace será castigado».
Por supuesto, uno de los efectos más importantes que tiene el arresto y la imputación de Durov es monetario. Aunque el empresario asegura que dispone de un plan de contingencia para garantizar la continuidad del servicio en caso de ser detenido, lo cierto es que parece irremplazable. Telegram no es el gigante Meta. Es una pequeña comarca que emplea a poco más de 100 personas, que produce mucho dinero y tiene un único rey: Pavel Durov. Su hermano Nikolai es más bien el encargado de la parte técnica. Habla mucho mejor el lenguaje del cifrado de mensajes que el de dirección empresarial. Telegram también se encuentra en pleno desarrollo de un proyecto estratégico: la introducción de aplicaciones en la blockchain TON, una tecnología para activos cripto vinculados a Telegram. Tras la detención de Durov, el valor de TonCoin, la criptomoneda vinculada a TON, se desplomó en más de un 27%.
Además, si Durov termina colaborando con las autoridades francesas –para evitar la cárcel y salir airoso de la pesadilla judicial– sus usuarios más fieles podrían interpretarlo como una falta a la promesa del secreto total en Telegram. Podría producirse una migración masiva a otra plataforma, lo que significaría una catástrofe para los Durov.
