Pedro Sánchez, sirviéndose de la Abogacía del Estado, ha ampliado la querella interpuesta contra el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a su mujer por corrupción en los negocios y tráfico de influencias. En el escrito de ampliación de la querella, la defensa del líder socialista aduce que Peinado ejerce una «injusticia intrínseca» al trasladar a las partes la grabación breve en la que el presidente se acoge a su derecho de no declarar. Dar traslado a las partes de una diligencia de investigación es imperativo, y las posibilidades de que prospere la iniciativa son ciertamente escasas. Sin embargo, a nadie se le escapa que la intención del jefe del Ejecutivo no es hacer valer derecho alguno, sino tan sólo sembrar sospechas en el juez que instruye la causa en la que se investiga a Begoña Gómez. Este recurso intimidatorio por parte del presidente demuestra el nivel de nerviosismo con el que inicia un curso político en la que la situación judicial de su hermano y su esposa serán determinantes.
