El proyecto de ley que establece el presupuesto público para el año fiscal 2025 plantea un pliego de S/10.376 millones para la protección social, dispersa entre diversos programas que atienden a los grupos humanos más vulnerables.
Comparado frente al Presupuesto Institucional de Apertura de 2024 (PIA) —el cual se aprueba tras varias semanas de debate en el Congreso, como máximo, hasta el 30 de noviembre de cada año— hay un ligero incremento de aproximadamente S/1.000 millones, ya que el PIA para este año ascendió a S/ 9.387 millones.
Los programas de atención directa como Pensión 65 y el de Apoyo Directo a los más Pobres-Juntos, tienen variaciones ínfimas respecto al PIA 2024, y se mantienen en el orden de S/1.310 millones y S/1.054 millones, respectivamente.
“Pensión 65 prácticamente tendrá lo mismo que el presente año al igual que Juntos. Son sectores estancados. Como en todo pliego hay “algunos ganadores y otros perdedores” pero igual no es suficiente así lo eleven”, comentó a La República el economista Armando Mendoza.
La presidenta Dina Boluarte prometió subir en S/100 el monto que perciben los beneficiarios de Pensión 65 —actualmente les dan S/250 bimensualmente— pero, analizando las partidas estimadas, pareciese que nos acercamos a otra mentira del Ejecutivo —a juicio de la investigadora del IEP, Carolina Trivelli—.
“Quiere decir que no van a subir la transferencia (monetaria) de Pensión 65 como dijo ella (Boluarte) porque si subes 100 soles cada dos meses, eso es 600 soles al año y por los 800.000 usuarios, serían como 500 millones de soles adicionales. Si no se presupuesta, no sucederá”, argumentó para esta casa periodística.
Mendoza añade que desde el Ejecutivo pueden armar una defensa alegando que “peor puede ser no dar nada”, mas en un contexto donde la pobreza se disparó y afecta a un tercio de los peruanos y más de la mitad padece de inseguridad alimentaria, es más que necesario elevar las partidas para ayudar a los que menos tienen.
Trivelli, por su parte, es más tajante, y asegura que no se ve nada nuevo orientado a mitigar el hambre. Y, en caso del anunciado bono para pobres extremos del área urbana, considera que si no se adhiere a juntos la solución sería lanzarlo desde un decreto de urgencia. Todo ello bajo supuestos, ya que depende de la mera voluntad de la gestión de Dina Boluarte.
Qali Warma el año pasado recibió S/2.145 millones en el PIA, y para el actual presupuesto público de 2025, se le incrementó a S/2.543 millones: abarca el 36,5% del pliego para programas sociales.
Mendoza aplaude que sea prioridad la alimentación de los escolares aunque recordó que Qali Warma no ha estado libre de críticas. En enero de este año, por ejemplo, la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep) denunció ante La República que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) buscó reducir los días de reparto de leche natural para apostar por un “bebible preparado de consumo inmediato” pese a no gozar de la calidad nutritiva idónea.
En tanto, para Haku Wiñay —programa clave para la diversificación productiva en sectores vulnerables— se darán S/250 millones un poco más de los S/249.400 millones del PIA 2024.
“Este programa productivo es para los peruanos pobres y que dejen de ser dependientes y se pongan a generar ingresos; pero su alcance es limitado”, lamentó Mendoza.
En tanto, para las ollas comunes se plantea dar S/146 millones, monto similar al del PIA 2024 y que, desde las agrupaciones encabezadas por madres de familias, no basta para atender a los más pobres. La ración continuaría siendo de poco más de S/2,00 por persona y para un plato al día. Adelantaron que alzarán su voz de protesta para que se dé un incremento a al menos S/158 millones.
● Javier Herrera, profesor visitante en el Departamento de Economía de la PUCP, sostiene que el bono anunciado por la presidenta Boluarte para 2025 “debería tener carácter de urgencia” ya que “las consecuencias del hambre son irreversibles en el caso de los niños (43% con anemia) en el corto y mediano plazo (afecta su salud, desempeño escolar y laboral) y no debe ser postergada al próximo año o implementarla de manera progresiva”.
● Además, advirtió que puede emplearse este mecanismo como figura de popularidad política en un año marcado por la carrera presidencial hacia 2026.
29% de los peruanos se encuentra en situación de pobreza al 2023, según datos oficiales del INEI.
51,7% de los peruanos padece inseguridad alimentaria, sea leve o aguda, de acuerdo con la FAO.
