Un punto de inflexión para la coalición autoritaria fue el 28 de julio, tras el desastroso mensaje de Dina Boluarte. Fueron demasiadas horas sin aterrizar en una sola medida concreta en ningún concepto. Vacío de sentido, sin legitimidad y evidentemente sin autoridad.
La campaña del Congreso hasta ese momento estuvo dedicada a desguarnecer a la justicia de instrumentos con los que lograba mantener a raya al crimen organizado. Las leyes que se dictaron están dirigidas a rebajar penas y desaparecer delitos cometidos por los congresistas y los partidos políticos que los acogen. Los resultados, sin embargo, abrieron las puertas a un Estado delictivo, manejado por las organizaciones criminales que están ahora tomando para su beneficio los hilos del poder.
El haber sacado de la ley de organizaciones criminales al sicariato o el secuestro, por ejemplo, ha reforzado su presencia cada vez mayor en las actividades del transporte de pasajeros, por citar un solo rubro. Ahora a diario se asesinan choferes, se balean vehículos y se extiende el temor entre los gremios dedicados a esta actividad productiva.
La lucha es ahora por el control de los territorios, y la ciudad de Lima, con más de 10 millones de habitantes, constituye un enorme mercado para esta actividad delictiva, favorecida por la nueva ley. Ahora se sabe que el 40% de las asociaciones de transportistas pagan cupos para poder salir a trabajar. Los mototaxistas también resultan víctimas de esta extorsión, que no distingue entre clases sociales ni sectores económicos.
Para los especialistas, esta alianza nefasta del Congreso y el Ejecutivo, en búsqueda mutua de beneficiarse con la impunidad, está creando un territorio atractivo para la criminalidad organizada, que para el analista Juan De la Puente ahora tiene control sobre la parte autoritaria, que ha dejado de estar a cargo. En este Estado delictivo que se está configurando, se va perdiendo la lucha contra la violencia y la impunidad.
Es un momento dramático en el que se espera que el conjunto de las fuerzas sanas del país (académicos, juristas, políticos y gremios empresariales y laborales) sean capaces de alertar sobre la espiral de violencia/impunidad que se cierne sobre la sociedad atenazada por el crimen y la falta de democracia. Es un punto de inflexión que requiere atención urgente, antes de que campee el sálvese quien pueda, irremediablemente.
