El máximo accionista del Valencia CF utilizó la posibilidad de que la ciudad fuera sede para presionar a los políticos en la aprobación de los derechos urbanísticos, a lo que se unió la falta de acuerdo de los dos partidos del Gobierno municipal, lo que dilató los plazos del desbloqueo, un encontronazo que puede marcar el principio del fin del bipartito
Catalá se desmarca de Vox y desbloquea con Compromís y el PSPV el plan urbanístico del nuevo estadio del Valencia CF
“La verdad es que nadie entendería que otras ciudades españolas a las que aprecio mucho y que tengo gran relación con ellas como Zaragoza optara a ese Mundial y nosotros no. No es la València que yo quiero liderar la que deja pasar oportunidades como un Mundial. Por lo tanto vamos a hacer todo lo posible para no perder esa oportunidad”, declaró la alcaldesa de València, María José Catalá, el 27 de junio del año pasado año, días después de su investidura como primera edil, a preguntas de elDiario.es sobre la posible candidatura de la ciudad como sede del Mundial de Fútbol de 2030.
Poco más de un año después, en concreto el pasado 24 de julio, Catalá, junto al presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, pusieron el grito en el cielo tras hacerse oficial que la capital valenciana se quedaba fuera de las candidatas a albergar partidos de la máxima competición futbolística, según la Federación Española de Fútbol (FEF), porque el compromiso del Valencia CF llegó fuera de plazo. La candidatura valenciana queda ahora a expensas de lo que determine la FIFA en diciembre o de que se caiga alguna de las 11 escogidas por la FEF.
Durante este año ha habido diversos condicionantes que han propiciado que se llegue a esta situación pero los principales han sido dos: el desinterés del máximo accionista del club, Peter Lim, en la finalización del nuevo estadio y por extensión en el Mundial y las disputas entre el PP y Vox, socios del Gobierno municipal, que han dilatado los plazos hasta el punto de que el desbloqueo urbanístico se produjo en la comisión de Urbanismo del pasado 17 de julio por acuerdo del PP con Compromís y con el PSPV. La falta de consenso en un asunto tan trascendente como este tendrá consecuencias políticas y puede marcar el principio del fin del bipartito de la derecha y la extrema derecha.
En lo que se refiere a Lim, más allá del reinicio y finalización de las obras del coliseo que debió acabar en el año 2019, el del centenario, su verdadero interés ha radicado en el mantenimiento de los beneficios urbanísticos que incluía la actuación territorial estratégica (ATE) caducada por el Gobierno valenciano el 4 de agosto de 2022: 40.000 metros de suelo terciario en la avenida de las Corts Valencianes (comprometidos con Atitlan), así como 75.900 metros cuadrados de edificabilidad residencial y otros 14.000 de terciario en la parcela de la avenida de Aragón, donde está el actual estadio de Mestalla.
En su acuerdo de caducidad de la ATE, el Gobierno del Pacto del Botánico mantuvo la posibilidad de que el Valencia CF conservara estos derechos y trasladó al Ayuntamiento la capacidad de aprobarlos estableciendo las condiciones y plazos a cumplir por el club (fichas urbanísticas) para obtenerlos. Para aprobar las conocidas fichas urbanísticas el Ayuntamiento tenía un plazo de dos años no prorrogable que finalizaba el 4 de agosto de 2024. De no aprobarse las fichas, el Valencia CF podía recuperar la edificabilidad sin contraprestaciones.
De esta forma, en el último año se juntó todo este proceso administrativo en el Ayuntamiento con la confirmación de que España, junto a Portugal primero y a Marruecos después, albergaría el Mundial de 2030. Una ocasión que Lim no desaprovechó para condicionar la firma del contrato que imponía la FIFA como garantía de que se finalizarían las obras a la aprobación de las fichas urbanísticas. Esta ha sido siempre la condición que ha impuesto para firmar el llamado 'Stadium Agreement', tal y como trasladó al propio Consitorio en varios ocasiones, por ejemplo, el pasado 22 de febrero o en noviembre del año pasado.
Finalmente, aunque el club trasladó a la FEF su intención de firmar el contrato a finales de junio, lo rubricó el miércoles 17 de julio según informó As, es decir, el mismo día que la comisión de Urbanismo acordó la aprobación de las fichas urbanísticas con los votos a favor del PP, Compromís y PSPV, y en contra de Vox.
En septiembre del año pasado, antes de rubricar el acuerdo de Gobierno con el PP, el portavoz municipal de Vox, Juan Manuel Badenas, ya marcó una posición dura con respecto al nuevo estadio del Valencia Cf que nada tenía que ver con la del PP: Badenas mostró su negativa a aprobar cualquier cosa que revalorizara las acciones del máximo accionista, Peter Lim, y por lo tanto manifestó su oposición a aprobar las fichas urbanísticas y a otorgar al club la licencia de obras.
En todo este año, Catalá, e incluso el que fuera vicepresidente del Gobierno valenciano de Vox, Vicente Barrrera, trataron de convencerle por todos los medios para que cediera, poniendo el Mundial de argumento como un gran evento beneficioso para la ciudad. Incluso hubo reuniones con cargos de la dirección nacional del partido ultra.
Al mismo tiempo, la primera edil se ha mostrado reticente a lo largo de este primer año de mandado a acercar posturas con Compromís y el PSPV, partidos que cuando gobernaron iniciaron el proceso de aprobación de las fichas urbanísticas. Catalá, seguramente pensando que finalmente Badenas daría su brazo a torcer, convocó una reunión en mayo con los portavoces de todos los partidos a la que ni siquiera acudió.
En el pleno de ese mismo mes, tanto el PP como Vox tumbaron una moción del PSPV apoyada por Compromís que buscaba el consenso en la aprobación de las fichas urbanísticas, un documento muy parecido al que finalmente se aprobó en julio. Dos días después, Catalá y Badenas anunciaron un acuerdo político para tratar de buscar un punto de acuerdo que finalmente no se produjo ni en junio ni en julio, puesto que el portavoz de Vox reclamaba, entre otras cuestiones, un aval bancario de Lim por el coste total de las obras del nuevo estadio como condición para aprobar las fichas, lo que el PP rechazó, a buen seguro a sabiendas de que era algo que no iba a aceptar.
Catalá finalmente recurrió al apoyo de los partidos de la oposición que despreció inicialmente para alcanzar un acuerdo al verse en un callejón sin salida: con el Mundial a punto de esfumarse y con la posibilidad de que Lim recuperara los derechos el 4 de agosto. Tanto Compromís como el PSPV, que iniciaron el proceso de aprobación de las fichas desde el Gobierno, introdujeron en el documento varias cuestiones que consideraban fundamentales, como las características que debía cumplir el nuevo estadio o las garantías económicas que el club debía presentar en caso de incumplimiento, algo que también recogía la moción presentada en mayo.
La moción aprobada en julio cuenta con cinco puntos (documento al final de la información), según los cuales, en primer lugar, se establece la aprobación de las fichas urbanísticas (edificabilidad sujeta a condiciones). En segundo lugar, que en las fichas se incluyan las condiciones y características que debe cumplir el nuevo estadio, un punto que avaló en un informe el secretario del pleno.
El tercer punto establece la realización de una auditoría externa que establezca el coste total de las obras que quedan por ejecutar (contemplado también en la licencia de obras). Si llegado el momento de aprobar el plan urbanístico para construir las viviendas en la parcela de Mestalla (avenida de Aragón) quedan obras por ejecutar en el nuevo estadio, el club deberá presentar una garantía bancaria por el coste de los trabajos que quedan por ejecutar. De esa forma se frena una posible venta de ese suelo sin asegurarse antes de que se va a finalizar el estadio.
El cuarto punto del acuerdo establece la pérdida de los beneficios urbanísticos del Valencia CF si incumple los plazos de ejecución contemplados en la licencia de obras y el quinto punto establece que antes de que se entreguen las licencias de obras para desarrollar los 40.000 metros cuadrados de terciario de la avenida de las Corts Valencianes el club debe abonar la totalidad de la cuantía del pabellón deportivo de Benicalap.
Como informó este diario, en virtud de la licencia de obras concedida, el Ayuntamiento da un plazo de seis meses para que el club empiece las obras (el máximo establecido por ley) y de 30 meses para que las finalice. Además, el Valencia CF deberá presentar el proyecto de ejecución con capacidad para 70.000 espectadores en el que se verán al detalle los acabados y el presupuesto actualizado en un plazo de tres meses.
Desde el entorno de la alcaldesa, María José Catalá, siempre se ha deslizado que el desbloqueo del nuevo estadio será el primer paso para la salida de Peter Lim. La desinversión del máximo accionista en la parcela deportiva es más que evidente, lo que al mismo tiempo ha puesto al Valencia CF en una comprometida situación tanto económica como deportiva, que está por ver si puede afectar al desarrollo del nuevo estadio si se complica con el paso de las semanas.
Por otra parte, la perspectiva de un posible reinicio de las obras del nuevo estadio del Valencia CF ha reactivado el interés de diferentes promotoras con músculo financiero por hacerse con la parcela de Mestalla, el centenario coliseo ubicado en la avenida de Aragón que ninguna institución se ha planteado rehabilitar, a pesar de que diversos expertos lo ven más viable que trasladarse al nuevo estadio.
Como informó elDiario.es, aunque no es la única candidata, una de las mejor posicionadas para hacerse con ella, según confirmaron diversas fuentes consultadas a elDiario.es, es Atitlan, la firma valenciana de Aritza Rodero y de Roberto Centeno, que ya tiene un acuerdo con el club valencianista para quedarse con la parcela de 41.700 metros cuadrados de suelo terciario (comercios, hostelería y oficinas) de la avenida de las Corts Valencianes por unos 35 millones de euros.
Paralelamente, como también informó este diario, habría aparecido en escena un fondo de inversión norteamericano, cuya identidad no ha trascendido, interesado en hacerse con la mayoría accionarial de Lim con capital suficiente como para plantearle una oferta y si fuera necesario acabar el recinto. Este extremo, sin embargo, estaría aún en una fase muy embrionaria y es independiente del posible interés de Atitlán por hacerse con los terrenos de la avenida de Aragón.
