Una de las iniciativas más polémicas del verano ha sido la que ha dejado caer el Ayuntamiento de Sevilla: cortar la luz y el agua a 5.000 pisos turísticos ilegales o irregulares. Al respecto se han pronunciado políticos y empresarios, juristas y asociaciones de vecinos, plataformas de propietarios y organismos públicos, sin llegar a aclararnos la viabilidad legal de semejante medida. No obstante, lo que sí me ha quedado claro, es que Al ayuntamiento —con la ayuda de Emasesa, las compañías eléctricas y los vecinos — dispone de los medios para saber quiénes alquilan sus propiedades a turistas y cortarles los suministros de luz y agua. Y entonces me pregunto: ¿por qué no se procede con la misma contundencia contra...
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