El gobierno de Estados Unidos intensifica la presión política sobre el régimen de Nicolás Maduro, mientras finaliza las sanciones migratorias y financieras dirigidas al Consejo Nacional Electoral (CNE), al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a la jerarquía de las Fuerzas de Seguridad de Venezuela. La postura de la Casa Blanca se realizó en respuesta al fraude en las elecciones en Venezuela y a la represión ilegal contra María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, líderes de la oposición en el país.
El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, expresó: “En lugar de responder a las demandas del pueblo venezolano de transparencia y democracia, Maduro ha intensificado la represión mediante amenazas con objetivos políticos, detenciones injustas e indiscriminadas y censura en un intento desesperado de aferrarse al poder por la fuerza”.
Las declaraciones de Matthew Miller surgen en un momento en que los intentos de comunicación extraoficial entre la Casa Blanca y Venezuela no han tenido éxito. Aunque existe un canal de comunicación abierto entre Washington y Caracas, los altos funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado no han logrado superar la ambigüedad del diputado Jorge Rodríguez, quien representa a Maduro en las negociaciones con Estados Unidos.
El régimen de Maduro ya da por hecho que Biden impondrá sanciones al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia y a la cúpula de las Fuerzas de Seguridad. Sin embargo, esta decisión, adoptada en el Salón Oval, no ha alterado la agenda represiva que Maduro ha implementado tras el fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
En el Departamento de Estado y la Ala Oeste de la Casa Blanca se considera que Maduro ha decidido esperar los resultados de las elecciones estadounidenses, previstas para el 5 de noviembre, antes de abrir un posible diálogo con el equipo de América Latina del sucesor de Biden.
En este escenario, el dictador venezolano intensifica la persecución de la oposición política y los medios de comunicación, que permanecen bajo el control del aparato represivo del régimen. A pesar de las denuncias de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y el Centro Carter sobre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, Maduro sigue adelante con sus planes para perpetuarse en el Palacio Miraflores.
“Nicolás Maduro y sus representantes han manipulado los resultados de esas elecciones, proclamado falsamente su victoria y llevado a cabo una represión generalizada para mantenerse en el poder. Estados Unidos aplaude el coraje y la resiliencia de los millones de venezolanos que votaron y que siguen pidiendo pacíficamente que Maduro reconozca que Edmundo González Urrutia recibió la mayoría de los votos”, agregó el vocero Miller.
Edmundo González Urrutia y María Corina Machado mantienen comunicación directa con la Casa Blanca y el Departamento de Estado. La principal preocupación de estos líderes opositores es mantener la capacidad de movilización de la sociedad venezolana y evitar las detenciones arbitrarias.
La administración de Joe Biden evaluaba los pasos a seguir ante una posible orden de captura contra González Urrutia, quien fue citado por la fiscalía bajo instrucciones directas de Maduro. El excandidato presidencial se encuentra escondido y es consciente de que es un objetivo móvil del régimen.
Si Maduro autoriza la captura de González Urrutia, Estados Unidos, sus aliados regionales y la Unión Europea (UE) lanzarán un movimiento global de repudio contra la decisión política del dictador venezolano. Además, se convocará al Consejo de Seguridad de la ONU y al plenario de la OEA para denunciar nuevamente los crímenes de lesa humanidad cometidos por Maduro.
