El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay ha presentado un informe revelador sobre el aumento de abortos en el país en 2023. Según el “Informe IVE 2023,” el número total de interrupciones del embarazo ascendió a 10.898, la cifra más alta desde la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2012.
Las estadísticas del informe muestran que, aunque hubo un descenso en los años 2019 y 2020, los números han vuelto a aumentar desde entonces. La mayoría de los procedimientos se realizaron en mujeres de 20 a 24 años, reafirmando las tendencias observadas en años anteriores.
El informe no solo aborda el número bruto de procedimientos, sino que también detalla las consultas relacionadas con la IVE. En 2023, hubo 12.348 consultas en total, de las cuales 630 resultaron en la continuación del embarazo. Este porcentaje se ha mantenido estable, cercano al 6%.
En el desglose por edades, el informe registró 71 consultas de menores de 15 años y 546 de jóvenes entre 15 y 17 años. A pesar de la amplia gama de edades, las mujeres de 20 a 24 años representaron el grupo más numeroso con 3.414 consultas, reflejando una tendencia continua en esta franja de edad.
La Ley 18.987, promulgada en Uruguay en octubre de 2012, regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y representa un cambio significativo en la política de salud reproductiva del país. A continuación, se presentan los puntos más importantes de esta legislación:
Los datos también destacan la distribución de los procedimientos entre el sistema de salud pública y el sector privado. En las instituciones privadas, se realizaron 5.720 abortos, mientras que en el sistema público se registraron 5.178 procedimientos. En el sistema público, el grupo de 20 a 24 años fue nuevamente el más representado, mientras que en el sector privado, predominó la franja de 25 a 29 años.
El informe añade que del total de procedimientos, la mayoría, 10.890, fueron realizados por “propia voluntad”, seguidos de cuatro casos por “violación”, dos por “riesgo de salud de la mujer” y otros dos por “anomalías fetales incompatibles con la vida”.
Desde la promulgación de la Ley 18.987, que permite el aborto hasta las 12 semanas de gestación o 14 en casos específicos, más de 106.000 procedimientos se han llevado a cabo en una década. La ley sigue siendo objeto de discusiones, generando tanto críticas como apoyos en la sociedad uruguaya.
El proceso legal para la interrupción del embarazo comienza con una consulta médica inicial, seguida de visitas a un equipo multidisciplinario. En la segunda consulta, la mujer recibe asesoramiento integral y se le ofrecen alternativas y apoyo psicosocial. En todo momento, se respeta el derecho de la mujer a tomar una decisión informada.