Foto de archivo.
El directorio de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) decidió cancelar el contrato con la cooperativa social Batoví de Tacuarembó. Constituida en 2022 por personas afines al Partido Colorado, la cooperativa recibió la notificación el 27 de agosto tras incumplimientos previos.
Se comunicó el cese preventivo de servicios hasta que la administración determine los pasos futuros.
La cooperativa firmó un contrato en febrero de 2023 para proveer servicios en Rivera y Tacuarembó, con un monto inicial de $30,6 millones, ampliado a $45 millones en 2024.
Se autorizó la contratación de 30 trabajadores y el uso de 5 vehículos. Sin embargo, informes de OSE, el Mides, e Inacoop revelaron irregularidades en la gestión de fondos, llevando a la decisión de cancelar el contrato.
Batoví no logró renovar su certificado de regularidad requerido por la Auditoría Interna de la Nación. Los atrasos en el pago de salarios fueron significativos, afectando también las contribuciones al Banco de Previsión Social y la Dirección General Impositiva. Las deudas ascendían a $2 millones, según dijeron a la prensa fuentes anónimas de OSE.
Radio La Kandela informó que los empleados de Batoví no habían recibido sus pagos por tres meses. Además, la cooperativa acumuló deudas con otros proveedores, llevando a un estado de desfinanciamiento. Estas irregularidades influyeron en la decisión de cesar la cooperación con OSE.
Informes de auditoría detectaron un manejo irregular de la cuenta del Banco República de Batoví. A esta cuenta accedieron personas ajenas a la cooperativa, algo observado por auditores del Mides. Se investigan transferencias a cuentas de terceros, según el presidente del Inacoop, Martín Fernández.
Fernández expresó a El Observador su aprobación de la decisión tomada por OSE, reflejando las dificultades detectadas en la gestión de Batoví.
En una auditoría del Mides realizada tres meses atrás, las observaciones habían sido levantadas, pero posteriormente se reportaron nuevos incumplimientos que llevaron a la cancelación del contrato.
La gerencia jurídica de OSE evalúa la posibilidad de una denuncia penal. Abogados de la entidad sugieren mérito para dicha acción, aún en proceso de evaluación. Además, se contempla la contratación de la mayoría de los trabajadores de Batoví, ahora desempleados, a través de una empresa tercerizada.
La gestión financiera de Batoví provocó movimientos en el Partido Colorado. En abril, la lista 2215 decidió expulsar al dirigente Santiago Díaz Viana. Diversas fuentes confirmaron que su desvinculación se dio por los problemas surgidos en Batoví. Actualmente, Díaz Viana es edil suplente de Tacuarembó y aspirante a diputado.
Díaz Viana, alejado de la cooperativa, fue empleado por empresas proveedoras de OSE tras cesar su colaboración. Esto derivó en que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado sugiriera su caso al comité de ética, aunque según el abogado Jaime Sapolinski aún no ha sido tratado. La gestión de Batoví impactó tanto en la esfera empresarial como política.
La cancelación del contrato con la cooperativa social Batoví ejemplifica los desafíos y medidas necesarias para salvaguardar intereses administrativos.
Mientras continúan investigaciones legales y se buscan soluciones laborales, el caso resalta la importancia del cumplimiento de obligaciones contractuales y de un manejo financiero adecuado.
