El resultado de las elecciones dejó empoderado al presidente Andrés Manuel López Obrador, permitiéndole impulsar el Plan C sin trabas. Ni los analistas, ni los inversionistas, ni las agencias calificadoras, ni los representantes de gobiernos extranjeros, y mucho menos los partidos de oposición han mostrado capacidad para frenar o siquiera moderar las reformas constitucionales que lo componen. Ni siquiera la presidenta electa, en el hipotético caso de que ese haya sido su deseo.
La atención se centra ahora en la reforma judicial, que representa serias amenazas para la integridad del sistema de justicia en México, socava la confianza de los inversionistas y plantea posibles violaciones al T-MEC, algo que no parece preocupar demasiado al presidente.
Ante las advertencias de calificadoras como Fitch Ratings o la rebaja en la calificación de México por parte de Morgan Stanley, dijo que la reforma judicial responde a un mandato popular, como si la elección de Claudia Sheinbaum hubiera sido, en realidad, un referéndum sobre sus reformas. Según él, lo que digan las calificadoras “no es para tanto” y “no merece ser tomado en serio”. Tras su aplastante victoria del 2 de junio, el presidente está disfrutando de “la arrogancia de sentirse libres”, para usar una frase que él mismo ha empleado en el pasado.
Es probable que el presidente tome como referencia lo ocurrido con la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que también generó mucho ruido, pero no desencadenó una crisis económica. Imagino que piensa que esta situación también pasará y que se anotará otra victoria política. Al fin y al cabo, le gusta jugar a las vencidas, y es poco probable que reconozca que existe un riesgo que merece consideración. El problema es que no siempre se puede ganar cuando se opta por la estrategia de medir fuerzas, y en este momento, México sería el perdedor si el cálculo del presidente resultase, como parece, equivocado.
Ignorar reacciones y advertencias como las que ha generado la reforma judicial no es algo menor, especialmente cuando la perspectiva económica es tan pobre. Según las estimaciones más recientes del Banxico, en 2025 el crecimiento económico apenas llegará al 1.2 por ciento. Esto no sorprende, considerando la falta de margen presupuestal, el déficit fiscal, la deuda pública y la caída en la nueva inversión extranjera directa.
México necesita fomentar la inversión privada, tanto nacional como extranjera; sin embargo, lo que se está logrando es precisamente lo contrario: alejarla. Nos enfrentamos a una situación mucho más grave que la cancelación del aeropuerto, ya que los cambios propuestos trascienden el presente y alteran las reglas del juego para el futuro. No se trata únicamente de una mala decisión, sino de un cambio estructural que conduce al país hacia un terreno incierto y poco prometedor.
Las consecuencias de mover al país en esa dirección las pagará la presidenta Sheinbaum, quien se ha alineado con el presidente. Sin embargo, no debemos olvidar que cuando se anunció que la reforma judicial avanzaría, Sheinbaum trató de calmar a los inversionistas. Afirmó que no había prisa y compartió fotos y videos de encuentros con el secretario de Hacienda, la directora general del Fondo Monetario Internacional y el representante de BlackRock México. Poco después, tuvo una reunión en Palacio Nacional y su posición se unificó con la del presidente.
Por ello, no veo ningún escenario en el que la reforma judicial no sea aprobada antes de que López Obrador termine su mandato. Es claro que eso no será indiferente para los inversionistas, por lo que anticipo que la presidenta Sheinbaum tendrá que trabajar horas extras para recuperar su confianza y ofrecerles seguridades. Estoy convencido de que lo hará, ya que durante la campaña subrayó la importancia de la inversión privada y las oportunidades que el “nearshoring” representa para México. Si el imperativo es crecer, como lo entiende la presidenta electa, no le queda de otra.
El problema es que ahora tendrá que nadar contra la corriente, con resultados probablemente inferiores a los que podría haber logrado si, en lugar de jugar a las vencidas, el presidente y ella hubiesen considerado las observaciones y advertencias recibidas. Con la fuerza que Morena y sus aliados tienen en el Congreso y la posición adicional que tendrán en la Suprema Corte este noviembre, cuando termine su periodo el ministro Luis María Aguilar, acabar con el Poder Judicial parece una demostración de fuerza innecesaria. Porque esta reforma no tiene que ver con la justicia, sino con el poder. Y ese, ya lo tienen.
