¿Cuál podría ser el riesgo de que sea la policía la que maneje la investigación preliminar en cualquier proceso penal? La poca pericia, podrían aducir algunos, y otros dirían que se podría perder independencia y garantías del debido proceso, que la Fiscalía maneja con mayor conocimiento por la propia formación académica que requiere.
Ambas razones son válidas. Las herramientas de los fiscales constituyen protocolos, normativas, sistematizaciones y un conjunto de conocimientos acumulados durante los años en los que los fiscales han dirigido las investigaciones en diversas materias, al extremo de que hay algunas que son altamente especializadas. Por ello, la formación académica que se exige a los fiscales y las actualizaciones permanentes de sus conocimientos contrastan con la preparación policial.
Hay un motivo que se está soslayando y que resulta gravitante en este debate. Es la independencia fiscal frente a la dependencia obligatoria de las fuerzas policiales frente a cualquier Gobierno. La obediencia es un elemento fundamental para cualquier buen policía. Por eso los fiscales supremos que se han pronunciado ayer en contra de esta norma, que busca cambiar la rectoría de la investigación y entregarla a la policía, inciden en este aspecto. ¿Qué ocurre si la investigación corresponde a un funcionario público de alto rango por algún caso de corrupción, por ejemplo? ¿Con qué independencia y objetividad se abordará la acción policial?
Un ejemplo que podría graficar esta situación son las presiones políticas a las que ha sido sometido el cuerpo de oficiales de la Diviac encabezado por el coronel Harvey Colchado para que no investigue a los hermanos Boluarte. El oficial ha sido sometido a investigación, separado y potencialmente puesto fuera de la PNP por su labor profesional.
Es muy fácil imaginar el futuro de todas las investigaciones al poder político, si procede la iniciativa del Congreso.
