El Gobierno reaccionó en esta jornada a la serie de acusaciones que pronunció en un punto de prensa de 40 minutos el abogado Juan Pablo Hermosilla, luego de que éste respondiera en duros términos a la celebración del Presidente Gabriel Boric tras conocida la prisión preventiva de su hermano, Luis Hermosilla, formalizado por delitos tributarios por el Cuarto Juzgado de Garantía.
“Qué bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel“, fueron las palabras del Mandatario que enervaron en la defensa, provocando acusaciones de “politización” e incluso “intervencionismo” contra el Gobierno.
Mientras que el Mandatario no ha vuelto a referirse al tema, han sido los ministros del Interior, Carolina Tohá, de Justicia, Luis Cordero, y la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quienes salieron en su defensa. Temprano en la mañana en Radio Duna, Cordero apuntó a que el Presidente Boric ya se ha referido “severamente” a otros casos de alta connotación pública, como el de Democracia Viva.
Vallejo recordó que, en julio del año pasado, el Jefe de Estado abordó el caso Convenios incluso “cuando habían personas de su propio Gobierno involucradas. No los tildó de poderosos, pero sí los tildó de sinvergüenzas, y en ese entonces nadie salió a criticar sus palabras”. Además, afirmó que Boric habla cuando ve necesario dar una “señal política” hacia la ciudadanía.
La líder de Interior, en tanto, aseguró que: “El Gobierno es el menos interesado y no va a colaborar en lo más mínimo en que se politicen las causas judiciales, el Ejecutivo está interesado en que la justicia actúe, en que los chilenos recuperen la confianza en la justicia y sepan que la norma que se aplica es la misma para todos. Y cada vez que el Presidente o una autoridad de Gobierno ha emitido una opinión en materia de este tipo ha tenido ese contenido”.
A 24 horas de que Luis Hermosilla fuera trasladado hasta el anexo penitenciario Capitán Yáber, cárcel para reos de delitos de alta connotación pública, su hermano y abogado Juan Pablo Hermosilla lo visitó por primera vez para conocer su estado de salud y revisar aristas jurídicas previo a ingresar -hoy- su apelación a la prisión preventiva.
Luego de la visita, la defensa habló con la prensa confesando que, según comentó el imputado, “las lamentables declaraciones del Presidente Boric le dolieron“: “Porque hay una regla moral básica que uno la aprende de chico: a la persona que está en el suelo uno no la patea”. A pesar de aquello, valoró que existiera un cambio en el tono por parte de las autoridades de Gobierno.
Sin embargo, el abogado reiteró sus críticas al ministro Cordero y le pidió que no se saliera de “sus atribuciones legales” como funcionario de Estado, luego de que el titular de Justicia cuestionara las gestiones de la defensa con el ministerio para apurar el traslado a Capitán Yáber. Finalmente, hizo una advertencia: “Si el Gobierno sigue tratando de afectar los derechos de mi cliente, yo me voy a defender“.
Consultada al respecto, la abogada de Leonarda Villalobos, Alejandra Borda, coincidió con su par y sostuvo que “uno no debe hacer comentarios respecto a otros poderes“.
En Tele 13 Radio, la presidenta del FRVS, Flavia Torrealba, fue consultada por las declaraciones del Jefe de Estado: “Es una forma de, insisto, interpretar, me parece que hay cuestiones que se tienen que revisar. Por cierto que la separación de poderes es una condición de nuestro ordenamiento y la presunción de inocencia es, insisto, el lugar donde todos los políticos debemos hablar”.
En esa línea, comentó que “separarse o no calcular la importancia que tiene la defensa del principio de presunción de inocencia siempre genera efectos, sin embargo, a pesar de esta imprudencia, digamos, del Gobierno creo que lo que quiso hacer el Presidente fue dar esta señal de que en este caso no va a haber impunidad, no va a haber tapados, no va a haber acuerdos de cuatro paredes”.
Mientras que, el timonel del PPD, el senador Jaime Quintana, sostuvo que “para resguardar bien la separación de poderes es mejor que las autoridades del Poder Ejecutivo se omitan de opinar sobre resoluciones del Poder Judicial, más aún cuando son procesos en curso”.
