El presupuesto ordinario, según la definición del Ministerio de Hacienda, es un documento que detalla los ingresos y gastos necesarios para atender las demandas de la población en áreas como educación, salud, seguridad, ciencia, tecnología, medio ambiente, pensiones, entre otros; así como el pago de la deuda adquirida para cubrir parte de esos requerimientos.
El endeudamiento ocurre debido a la insuficiencia de los recursos generados por la recaudación de impuestos. Este documento se presenta como proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa, la cual se encarga de su análisis, discusión y aprobación.
Este viernes 30 de agosto, el Ministerio de Hacienda tiene prevista la presentación del Proyecto de Ley del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2025, y a manera de preámbulo La Nación Explica el proceso que conlleva la elaboración de este plan.
El Artículo 176 de la Constitución Política señala que el presupuesto ordinario abarca todos los ingresos probables y los gastos autorizados de la Administración Pública durante el año económico. En ningún caso, los gastos podrán superar los ingresos probables. El marco presupuestario se emite para un año, del 1.º de enero al 31 de diciembre.
Las instituciones incluidas en el presupuesto son la Presidencia de la República, 18 ministerios (incluidos sus órganos desconcentrados), la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), según señala Hacienda.
La Ley N.º 8131, Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, establece que el ministro de Hacienda debe presentar el proyecto de ley a más tardar el 1.º de setiembre de cada año.
¿Cómo se elabora el presupuesto? El proceso se inicia con la planificación de ingresos y gastos por parte de cada entidad, basada en los planes fiscales de mediano y largo plazo, los objetivos de cada periodo, la coyuntura y los lineamientos establecidos.
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Este proceso comienza entre marzo y abril, una vez que se determinan las disposiciones generales para la elaboración del presupuesto. Aquí se incluyen los límites de gastos y de crecimiento en cada partida, indica Fernando Rodríguez, exviceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda.
Una vez definidas las estimaciones de ingresos y los montos máximos de gasto, cada entidad presenta su respectivo anteproyecto a la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, que coordina todo el proceso. La remisión de estos documentos se hace a más tardar el 15 de junio, según indica Rodríguez.
Esta Dirección analiza y ajusta los anteproyectos en función de la política presupuestaria y en cumplimiento con la Constitución Política, según lo establece el Procedimiento de Elaboración de Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República del Ministerio de Hacienda.
Elian Villegas, exministro de Hacienda, señala que esta etapa es una de las más complicadas. “Normalmente, las entidades piden que se amplíe el límite presupuestario. Es una situación donde se establece una negociación más o menos rápida, pero luego viene la revisión con cada entidad para justificar los gastos, y es más difícil porque varios ministerios tienen necesidades importantes”.
Una vez que la Dirección de Presupuesto efectúa las modificaciones y ajustes pertinentes, los comunica a la entidad respectiva. Esta tiene un plazo improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir de la recepción de la comunicación, para manifestar su oposición con las justificaciones del caso. Si no se produce respuesta dentro del plazo indicado, se entiende que la institución no tiene objeciones a los cambios aplicados.
En caso de objeción, y si no se logra un acuerdo con la Dirección de Presupuesto Nacional, el asunto se traslada al ministro de Hacienda, quien lo eleva al presidente de la República para su resolución final, indica el procedimiento. Villegas menciona que durante su gestión, una entidad que requirió este procedimiento fue el Ministerio de Educación.
La estimación de los ingresos del proyecto del presupuesto ordinario que realiza el Ministerio de Hacienda debe ser certificada por la Contraloría General de la República (CGR). El ente fiscalizador emitió el pasado 23 de agosto la validación de los cálculos para 2025, en la que prevé que el total de ingresos que percibirá el Gobierno asciende a ¢7,73 billones; de estos, el 89,4% proviene de tributos y el resto de rubros como venta de servicios, multas y otros.
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) certifica la capacidad de endeudamiento del sector público para cubrir los gastos que no se logran cubrir con los ingresos estimados, explica Rodríguez.
Este proceso de ajustes y certificaciones se realiza desde la segunda quincena de junio hasta finales de agosto, según indican ambos exfuncionarios.
Una vez elaborado el proyecto definitivo, la Dirección de Presupuesto lo entrega al ministro de Hacienda para su ratificación por el presidente de la República y su presentación a la Asamblea Legislativa. La Ley de Presupuesto deberá estar definitivamente aprobada antes del 30 de noviembre, señala la Constitución Política.
