El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, envió a la Legislatura de esa provincia un proyecto de reforma jubilatoria con el cual busca corregir el déficit que "pagan todos los santafesinos". ¿En qué consiste la reforma jubilatoria que impulsa el mandatario provincial en sintonía con la política de déficit cero de Javier Milei?
De esta manera, el santafesino le ganó de mano al presidente libertario quién hoy en día no cuenta con los votos necesarios en el Congreso para poder impulsar una reforma previsional propia.
"Buscamos corregir un déficit que crece de manera exponencial y que pagan todos los santafesinos", remarcaron desde la oficina de Pullaro a través de un comunicado. Según el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, y el ministro de Economía, Pablo Olivares, el déficit seguía en una curva creciente que "alcanzaría en 2024 los $ 430.000 millones".
La reforma propuesta por el gobierno santafesino es estructural, ya que esa provincia es una de las 13 que todavía cuenta con las cajas jubilatorias de los estatales a su carga y no realizó la transferencia a nación. Dicha modificación dispone cambios en el sistema de acceso a la jubilación tanto del régimen general como docentes, de seguridad y del Servicio Penitenciario.
En este sentido abarca una serie de medidas para la transición entre las cuales propone dejar en manos del Ejecutivo cambios en la edad jubilatoria para el caso de que se lo disponga a nivel nacional. Hasta entonces no habrá cambios en las edades de jubilación, que seguirán siendo de 65 para varones y 60 para mujeres.
Bastia aseguró que el proyecto "fue largamente trabajado" y "es un proyecto basado en los valores de justicia, equidad, progresividad en los aportes, en los esfuerzos y en los beneficios de los aportantes, de los beneficiarios actuales y los de un futuro".
Entre los anuncios formulados por el gobierno de Santa Fe se indicó que el nuevo régimen mantiene las edades jubilatorias para mujeres y hombres; define que quien gana más, aporta más, y propone además un Aporte Solidario.
El ministro de Economía provincial explicó que los tres números importantes de la nueva ley son "la emergencia previsional, el régimen general y los regímenes especiales de docentes y policía, y un tercer aspecto que tiene que ver con las normas transitorias que son los aspectos entre que deja de regir el esquema normativo vigente y entra el nuevo".
En la emergencia habrá dos obligaciones: una a cargo de los beneficiarios existentes, que deberán pagar un porcentaje por el tiempo de dos años que dura la emergencia.
"Esos aportes alcanzan recién a los que ganen más del valor de dos jubilaciones mínimas y es una escala progresiva que va del 2 al 6%. De más de dos jubilaciones mínimas a cinco, aportarán 2%; más de cinco a ocho jubilaciones mínimas, 3%; más de ocho a once jubilaciones mínimas, aportarán el 4%; más de once a catorce jubilaciones mínimas, 5%; y más de catorce jubilaciones mínimas, aportarán 6%".
Además, para los activos existirá un "aporte excepcional de emergencia" para quienes son las cabezas de los poderes y los integrantes políticos de destinos poderes del Estado. Entre las reformas también está la eliminación de "determinadas ventanillas que existían pero no eran para nada justas".
En este sentido, señaló a estas ventanillas como "el adelantamiento de la edad a partir de los dos años de aporte descontar un año de edad, o llegar a completar años para alcanzar porcentajes más altos que daba el sistema jubilatorio a partir de la compra de años en moratorias nacionales, lo cual es un hecho totalmente injusto para el resto de los aportantes".
Entre los principales puntos de este apartado se establece que el personal en actividad eleve su aporte de manera escalonada: actualmente todos aportan un 14 %, pero el proyecto propone que los aportes se incrementen en base a un nuevo cálculo que va del 15,5% al 21% dependiendo del ingreso percibido, es decir que quien más gana, más aporta, e incluye a todos los trabajadores y funcionarios de los tres poderes.
También se implementa un tope de haberes para los pasivos: actualmente hay beneficiarios que cobran un equivalente de hasta 32 jubilaciones mínimas, pero con este proyecto se aplica un tope por el cual nadie cobrará más de 20 jubilaciones mínimas.
Podrán acceder a la jubilación los docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo que tengan 60 años de edad y acrediten 30 años de servicio docente prestados en establecimientos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial no universitarios.
Si un docente alcanza los 30 años de servicio y con hasta 57 años también pueden jubilarse. Las modificaciones también alcanzan al Régimen Policial, que incluye al personal de la Policía de la Provincia, la Dirección General del Servicio Penitenciario, y del Iapip.
En este caso, se propone que los aportes serán del 17% al 20% de su remuneración dependiendo del cargo que revistan y de la institución a la que pertenezcan.
El proyecto de reforma también establece disposiciones transitorias, algunas de las cuales establecen que los trámites de jubilación en curso al momento de publicarse la ley en el Boletín Oficial, serán analizados por la Caja y, en caso de obtener dictamen favorable, podrán acceder al beneficio conforme el régimen anterior.
En paralelo, aquellos trámites con dictamen favorable y fueron paralizados por voluntad del beneficiario por más de 6 meses, accederán al beneficio con el régimen jurídico vigente al momento del cese de la prestación de servicios.
Otro de los puntos destacados de la reforma establece que, en caso de que el Estado Nacional aumente las edades para acceder a los beneficios jubilatorios, se habilita al Poder Ejecutivo provincial a incrementarlas hasta llegar a las mismas edades, debiendo a su vez determinar la gradualidad de su implementación.
