El Gobierno español ha encontrado otra piedra en el camino por los impagos a las renovables . En esta ocasión, el toque de atención llega en suelo español. La Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos ( Anpier ) se ha dirigido a las instituciones del Estado (Corona, Parlamento, Gobierno, Tribunal Supremo, Constitucional y Defensor del Pueblo) para que «articulen algún mecanismo extraordinario que evite una situación de injusticia sin precedentes en las democracias desarrolladas» con respecto al recorte por las primas renovables de la pasada década. En concreto, la asociación pide explicaciones de por qué «los inversores foráneos son compensados por unos drásticos recortes retroactivos, mientras que sus nacionales no tienen ningún tipo de compensación por los mismos quebrantos ». Estiman en unas 65.000 familias las perjudicadas. Recuerdan en Anpier que de los 52 demandantes internacionales, 26 ya cuentan con un laudo final favorable, que supondrá para el Estado español, hasta la fecha, un desembolso de 2.000 millones de euros. No obstante, cabe recordar que el Gobierno tiene recurridos todos estos procesos , y por el momento no se han hecho efectivos los desembolsos. De hecho, en los últimos años estas empresas y fondos internacionales están recurriendo a cortes internacionales para conseguir embargos y que, de esta forma, el Estado español pague los laudos perdidos en los arbitrajes del CIADI. En este sentido, y más allá de la cuestión monetaria, desde Anpier señalan el «el descrédito de aplicar recortes retroactivos en un sector regulado esencial y, tras someterse a los procesos arbitrales, superar a Rusia y a Venezuela como país con mayor incumplimiento de sentencias arbitrales. Reino Unido, Austria, Bélgica y EE.UU. ya han iniciado procedimientos legales para garantizar a estos inversores sus derechos frente a España». Hace 15 años, el Estado español se lanzó a promover la instalación de fuentes de generación renovable, con la intención de combatir la emergencia climática e iniciar una transición energética hacia un modelo eléctrico y renovable, en el que nuestro país contaba con importantes ventajas competitivas —por su territorio, su sol y su viento— y evitaba la enorme dependencia energética del exterior, que lastraba nuestra balanza comercial. Esa decisión de Estado, según señalan desde Anpier, tenía como objetivo primordial madurar las tecnologías renovables y poner en marcha un tejido industrial tecnológico innovador. Aunque la situación económica dio un vuelco y hubo que retirar esas ayudas. Los inversores internacionales no vieron conveniente acudir a la justicia española , como inevitablemente debieron hacer los nacionales, aseguran desde Anpier, «en cuyas instancias perdieron cualquier posibilidad de reparación frente a argumentos por parte del Estado que no han parecido aceptables en la Corte de Arbitraje del Banco Mundial en Washington, instancia a la que acudieron de forma masiva los inversores foráneos y en la que sí están logrando laudos favorables, que condenan al Estado español a repararles los daños sufridos por estos cambios normativos retroactivos». El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, en la misiva enviada a las instituciones del Estado se pregunta: « ¿Merecen las familias españolas que no se les reconozca su trascendental labor? ¿Merecen las familias nacionales una diferente justicia a la que han alcanzado los grandes fondos internacionales? En Anpier pensamos que no es difícil ni costoso reparar el error cometido para que nuestra transición energética pueda ser considerada realmente justa y plenamente exitosa».
