El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, máximo representación del Ejecutivo en la Comunidad, no dudó ayer en augurar que el recurso de inconstitucionalidad que hoy aprobará la Junta de Castilla y León en la tradicional reunión de los jueves del Consejo de Gobierno caerá «en saco roto» porque, según afirmó el leonés, «la mayor parte» de este tipo de alegaciones que presenta el PP «no tiene base jurídica» y, por tanto, decae. Con motivo de la rueda de prensa para dar a conocer la inversión que actualmente ejecuta el Gobierno de España en la Comunidad a través de Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP), Sen entendió en todo caso que la presentación de esta alegación ante el Tribunal Constitucional «es un derecho que tienen todas las administraciones y nosotros lo respetamos, como no puede ser de otra manera». Las palabras de Sen llegaban apenas minutos después de que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunciara en Medina del Campo (Valladolid) la aprobación hoy del acuerdo por el que presentará el citado recurso contra la norma aprobado el pasado 11 de junio por el Parlamento a iniciativa del Gobierno de España. El popular calificó de «inadmisible e inaceptable» la ley porque «vulnera la igualdad de todos los españoles». De esta manera, y después de la reciente remisión del informe del Consejo Consultivo que avala la presentación de la reclamación ante el TC y de la misma se impulse hoy, serán los servicios jurídicos de la Junta los que la presenten antes del 11 de septiembre, fecha en la que acaba el plazo legal para poder hacerlo. Aunque Mañueco aseveró que los detalles del recurso los dará hoy el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, sí quiso resaltar de nuevo que la Ley de Amnistía «es claramente inconstitucional, vulnera la igualdad de todos los españoles y ataca el estado de derecho». En este contexto, recordó que la Junta decidió presentar un recurso ante el propio Tribunal Constitucional para ejercer «la defensa de nuestro estado de derecho, de la democracia española y de la igualdad de todos los españoles ante la ley». «Se producen unos privilegios ante la ley que son inaceptables», sentenció Mañueco, que insistió en que la aprobación de la ley es «una compraventa de votos para que Sánchez siga en La Moncloa» a cambio de «un hecho gravísimo como esborrar los delitos de sus socios separatistas».
