Es imperativo intervenir en el mercado de la vivienda y aumentar los impuestos sobre las rentas del capital, como ha propuesto recientemente SUMAR. De lo contrario, la brecha entre ricos y pobres seguirá ensanchándose
En los años ochenta, Margaret Thatcher popularizó la frase “no hay alternativa”, convirtiéndola en estandarte del neoliberalismo. Esta idea, que promovía la privatización, la liberalización económica y los recortes fiscales a grandes fortunas, se extendió globalmente y aún hoy persiste en el imaginario colectivo, sobreviviendo incluso a la crisis financiera de hace una década.
Menos conocida, pero igualmente influyente, fue la noción de “capitalismo popular” que Thatcher introdujo. Esta idea sugería que el capitalismo, además de ser el sistema más eficiente, permitía que todos los ciudadanos se beneficiaran de sus ventajas. Contrariamente a las predicciones marxistas de polarización social, el capitalismo popular argumentaba que la globalización financiera permitiría que incluso la clase trabajadora participara parcialmente de la clase capitalista.
Este concepto se basaba en la premisa de que las nuevas tecnologías y la desregulación financiera facilitarían que las familias trabajadoras invirtieran sus ahorros en el sistema financiero. Así, profesionales bien remunerados, aunque asalariados, podrían complementar sus ingresos con rentas financieras, difuminando las líneas entre clases sociales y creando una amplia clase media, base social del neoliberalismo.
Sin embargo, Thatcher no inventó la idea. En España, el franquismo ya había utilizado políticas de vivienda para crear “propietarios en lugar de proletarios”, como ha estudiado el economista José Manuel Naredo. Esta estrategia transformó a España de un país de inquilinos a uno de propietarios en unas pocas décadas, bajo la premisa de que la propiedad inmobiliaria fomentaría actitudes más conservadoras y proporcionaría un sentido de ascenso social.
Tanto el capitalismo popular como las políticas de fomento de la propiedad inmobiliaria tienen un efecto desmovilizador en términos políticos. No obstante, estos fenómenos enmascaran una realidad subyacente: la creciente desigualdad en la riqueza neta de las familias.
La última Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España revela disparidades significativas:
- Solo el 21% de las familias más pobres* posee una vivienda en propiedad, frente al 96% de las más ricas.
- Apenas el 8% de las familias más pobres tiene propiedades inmobiliarias distintas a la vivienda habitual, comparado con el 93% de las más ricas.
- En cuanto a inversiones financieras, solo el 3% de las familias más pobres posee acciones y el 1% fondos de inversión, mientras que estos porcentajes se elevan al 44% y 35% respectivamente entre las familias más ricas.
Estas cifras evidencian que, aunque el capitalismo se haya “popularizado” superficialmente, las rentas del capital siguen siendo dominio de los más adinerados. La mayoría social se limita a la vivienda en propiedad (casi siempre con deudas) y a cuentas corrientes convencionales de baja rentabilidad. La dinámica resultante es clara: según pasa el tiempo, las familias más ricas se hacen más ricas y la brecha con las más pobres se agranda. Aquellas familias que ven cómo “su dinero crece” de manera significativa mientras duermen son solo un pequeño sector de la población.
Esta realidad tiene implicaciones cruciales para las políticas fiscales y de vivienda. Cuando el Estado no corrige estas dinámicas de desigualdad, nuestras sociedades se polarizan y se vuelven potencialmente más conflictivas. Esto sucede cuando las rentas del capital gozan de una fiscalidad laxa, permitiendo que los ricos eludan una fiscalidad justa, o cuando las viviendas se convierten en fuentes de ingresos para las familias más acaudaladas.
Un gobierno verdaderamente progresista debería abordar estas cuestiones de frente. Es imperativo intervenir en el mercado de la vivienda y aumentar los impuestos sobre las rentas del capital, como ha propuesto recientemente SUMAR. De lo contrario, la brecha entre ricos y pobres seguirá ensanchándose, perpetuando un sistema que favorece la ociosidad de unos pocos a expensas de la mayoría.
*Nota: Las familias “más pobres” se definen como el 25% con menor riqueza neta, mientras que las “más ricas” corresponden al 10% superior en términos de riqueza neta.
