La justicia chilena ordenó el martes la prisión preventiva en contra del abogado Luis Hermosilla, uno de los más influyentes del país, acusado de varios delitos de corrupción, en un sonado caso que ha salpicado a varias instituciones públicas.
"Qué bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel", comentó el presidente Gabriel Boric tras el dictamen que envió a la cárcel a Hermosilla tras acusarlo de soborno, lavado de activos y delitos tributarios.
Hermosilla, de 68 años, fue asesor del ministerio del Interior en el segundo gobierno del derechista Sebastián Piñera (2018-2022), y compartía oficina con Andrés Chadwick, exjefe de gabinete y primo del fallecido mandatario.
En los últimos años, era el abogado preferido de gran parte de la élite chilena y uno de los penalistas más destacados del país.
Hermosilla quedó expuesto por el medio de investigación Ciper, que en noviembre del año pasado reveló un audio con el empresario Daniel Sauer, donde el abogado lo insta a sobornar a funcionarios públicos para hacer frente a una investigación en su contra.
El letrado defendía al empresario, actualmente en prisión, en el caso de un millonario de fraude tras las creación de un extendido esquema de emisión de facturas falsas que permitió obtener cuantiosos ingresos.
En la conversación, Hermosilla le pide a Sauer pagar a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión del Mercado Financiera para destruir pruebas y obtener información privilegiada.
Tras la publicación del audio, la Fiscalía incautó el teléfono celular del abogado y allí se abrió la caja de pandora. Emergieron conversaciones con el entonces jefe de la policía civil, Sergio Muñoz, en los que entregaba información reservada sobre casos que investigaba.
Muñoz fue destituido y está bajo arresto.
Este martes, tras cuatro jornadas de formalización, el tribunal ordenó la detención de Hermosilla al establecer que "existe una sospecha grave y fundada" de que pudiera obstaculizar la investigación.
Junto a él, quedó detenida la abogada Leornarda Villalobos, quien hacía los nexos para sobornar a los funcionarios públicos y fue quien grabó la conversación que se hizo pública.
La Fiscalía pide para Hermosilla y Villalobos 18 años de prisión.
En la acusación, se detalla que entre 2019 y 2023 el abogado recibió casi seis millones de dólares de la empresa controlada por Sauer obtenidos de manera ilícita, y no declaró impuestos por casi 900.000 dólares.
Hermosilla militó en su juventud en el Partido Comunista y colaboró en la defensa de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Era hasta antes de este escándalo, el abogado de la familia del asesinado senador derechista Jaime Guzmán, acribillado por un comando de izquierda en 1991.
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