El BNG de Cangas (Pontevedra) ha tomado la decisión de expulsar del gobierno municipa l, que lidera la nacionalista Araceli Gestido, a la primera teniente de alcaldesa, la socialista Iria Malvido, después de trascender que irá a juicio por un delito contra la seguridad vial tras haber dado positivo en un test de alcoholemia en la madrugada del martes. En un comunicado tras reunir al Consello Local en la tarde de este miércoles, el Bloque ha convocado un encuentro urgente del pacto de gobierno –que comparten BNG, PSOE y Esquerda Unida– para que sean los propios socialistas los que «clarifiquen la situación» de Malvido, toda vez que ella misma ha pedido este jueves la baja voluntaria del partido a la espera de que la Comisión Federal de Ética y Garantías, en Madrid, decida sobre su situación. El BNG recuerda que el gobierno de Cangas está conformado por tres organizaciones políticas «y no entre personas individuales». Por tanto, después de que la teniente de alcaldesa dejase las filas del PSdeG-PSOE, ha convocado esta reunión para pedir a este partido que comunique «quién va a ser la persona que va a asumir» las delegaciones de Iria Malvido. «Desde el BNG entendemos que es responsabilidad del PSdeG-PSOE clarificar la actual situación con la actual teniente de alcaldesa, ya que al no formar parte de este último, no debe seguir formando parte del gobierno de coalición del Ayuntamiento de Cangas. De no resolverse esta situación, el Consello Local del BNG, a través de sus competencias en el gobierno municipal, procederá a la retirada de las delegaciones cedidas a la actual Tenencia de Alcaldía en base a un comportamiento impropio de un cargo público», concluye el comunicado de los nacionalistas. En dicho escrito, los nacionalistas lamentan los «hechos graves contra la seguridad pública y viaria» cometidos por Malvido en la madrugada del martes, al tiempo que reafirman su «compromiso con la seguridad». A renglón seguido, el BNG señala que los representantes públicos deben «ser y dar» ejemplo, por lo que «cualquier cargo público debe ser consecuente con estos principios y asumir las responsabilidades legales y políticas que conllevan determinadas acciones».
