La Contraloría General de la República detectó que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) realizó el pago de S/ 41’131.152 a funcionarios y servidores de confianza, lo que generó un gasto irregular de los recursos públicos en menoscabo de los intereses patrimoniales del Estado y la correcta administración pública, esto ocurrió en el periodo 2020-2022.
La institución de control determinó que nueve extrabajadores tienen presunta responsabilidad penal y administrativa por estos hechos, los cuales contraviniendo la normativa legal aplicable generaron un perjuicio económico al Estado.
De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 037-2024-2-0434-AC, los funcionarios de la MML efectuaron el trámite y pagaron por el concepto de “asignación por responsabilidad funcional” a 384 empleados de confianza, a pesar de que desde el 2006 existen restricciones de carácter presupuestal en las leyes anuales de presupuesto del sector público que prohíben el pago de asignaciones u otros similares, cualquiera sea su naturaleza, periodicidad, modalidad, entre otros.
Durante la auditoría realizada se evidenció que no existe documentación que autorice o justifique legalmente el pago de la “asignación por responsabilidad funcional”. Tampoco se encontraron documentos que sustenten la evaluación o métodos aplicados para determinar el monto otorgado lo cual se habría definido de manera discrecional.
Según la normativa vigente, solo se pueden aprobar nuevas bonificaciones, asignaciones, beneficios u otros, mediante decreto supremo o norma con rango de ley dada por el gobierno central, lo cual no sucedió en este caso.
Los funcionarios de la MML emitieron y aprobaron las planillas mensuales de los funcionarios de confianza incluyendo este beneficio, el cual fue financiado con recursos provenientes del Fondo de Compensación Municipal, los impuestos municipales y los recursos directamente recaudados por la entidad.
El informe de auditoría señala que, previamente, la Subgerencia de Presupuesto procedió a emitir las certificaciones de crédito presupuestario con las cuales se habilitaron los recursos económicos para realizar el pago de la asignación por responsabilidad funcional a los funcionarios de confianza.
Finalmente, la Contraloría General ha recomendado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones penales contra los nueve exfuncionarios comprendidos en el informe de control para que se determinen las responsabilidades que correspondan. Asimismo, se considera tramitar un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) a siete de estos exfuncionarios.
