En los primeros siete meses de este año, las llegadas de inmigrantes a las costas italianas cayeron un 62,36%. Los datos de la gestión del Gobierno de Giorgia Meloni demuestran que es posible desarrollar políticas eficaces para combatir las mafias que convierten la inmigración irregular en un negocio lucrativo y peligroso para miles de personas vulnerables. El Ejecutivo italiano ha demostrado solvencia en la custodia de sus fronteras y ha establecido convenios en los países de origen que han sido determinantes para frenar los flujos migratorios no planificados. El ejemplo de Italia no es único: también políticos progresistas como el canciller alemán Olaf Scholz o la candidata a la Presidencia estadounidense Kamala Harris se han comprometido a desarrollar políticas migratorias más exigentes y eficaces en sus respectivos países, una posición política que contrasta con el proceder de nuestro Gobierno. La gestión realista de Italia o Alemania contrasta con la ligereza con la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aborda la cuestión migratoria. Para el presidente, cualquier disidencia con respecto al discurso oficial se considera una falta de solidaridad o, incluso, intenta desacreditarse como una posición ultra o de extrema derecha. Que la mayoría de los dirigentes del Occidente desarrollado estén reordenando su política migratoria muestra la urgencia con la que nuestro país debe establecer un nuevo marco para afrontar un aluvión migratorio que expone a las comunidades fronterizas a una situación insostenible. Sin embargo, antes de cualquier modificación legislativa, el Gobierno tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la legislación vigente, una misión en la que se está demostrando incapaz. La llegada de inmigrantes irregulares a las costas de Canarias o a Ceuta y Melilla evidencia la falta de capacidad de España para custodiar sus fronteras. Toda acción ilegal, incluida la inmigración irregular, debe impedirse y perseguirse, pero inexplicablemente los ministros y el presidente insisten en circunscribir el debate a cuestiones morales que, aunque son importantes, no agotan la complejidad de este fenómeno. Recordemos, además, que durante la presidencia de Sánchez nuestro país ha hipotecado posicionamientos históricos como el del Sahara, un cambio que se intentó justificar por una supuesta utilidad estratégica con Marruecos. Sin embargo, la frontera marroquí sigue siendo uno de los lugares más vulnerables para la inmigración ilegal, y la errática posición del Ejecutivo español y el abandono de la causa saharaui no han servido para garantizar una mejor protección de nuestro territorio. Es evidente que España necesita una nueva ley de extranjería y crear un marco de planificación migratoria ordenado. La llegada espontánea y caótica de personas a través de mafias jamás podrá convertirse en una política migratoria razonable ni puede sustituir a medidas responsables como las que empiezan a ejecutar otros países de nuestro entorno. Un pacto de Estado sobre la ley de extranjería sería deseable, pero solo se alcanzará si el Gobierno negocia con lealtad y muestra disposición para ceder a algunas de las exigencias razonables de la oposición. La inmigración es una cuestión con consecuencias humanitarias, económicas, demográficas, culturales y de seguridad. Eliminar cualquiera de estos elementos del debate público solo ayudará a retrasar la implementación de una política realista y aumentará, de forma irresponsable, la brecha entre las élites políticas y la ciudadanía.
