El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, se pronunció sobre la polémica Ley 32108, la cual realiza polémicas modificaciones a la norma que beneficia al crimen organizado y dificulta la persecución del delito. Indicó que, serán los jueces los encargados de evaluar si la aplican o no, y en función de ello emitir sus resoluciones correspondientes.
“El tema es que son los jueces los que aplican la ley. Acuérdense que yo no soy el jefe de los jueces. Entonces, vuelvo a decir, cada juez al momento de aplicar la ley evaluará si es la conveniente para ello o no, su constitucionalidad o convencionalidad o, por el contrario, no”, declaró a la prensa.
Esto se debe a la aplicación del control difuso que es potestad de cada juez, la cual faculta a los magistrados a encontrar una armonía entre la norma a aplicar con la norma suprema. En este caso, se evalúa entre la aplicación de la cuestionada ley o si se apegan a lo que dice la Constitución Política del Perú.
Cabe resaltar que, la iniciativa impulsada por Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Parlamento, aprobada durante la gestión de Alejandro Soto y promulgada por insistencia durante el periodo de Eduardo Salhuana al frente de la Mesa Directiva, fue cuestionada por presentar vicios de inconstitucionalidad, según expertos en el tema.
En razón de ello, el último martes 27, el juez Jorge Chávez Tamariz rechazó —marcando un significativo precedente— el pedido del prófugo Vladimir Cerrón y del segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, para que se les aplique la Ley 32108 que ellos mismos impulsaron para que se archive el presunto delito de organización criminal por el que ambos son investigados, en el marco del caso ‘Los Dinámicos del Centro’.
“Todas las leyes, en el momento que se publiquen, los jueces penales son los que van a decidir. En este momento no puedo decir cuál es el efecto porque cada juez, al momento de aplicarla, verán si estas leyes obedecen a estándares de constitucionalidad o de convencionalidad”, agregó Javier Arévalo.
Aunque, el titular del Poder Judicial evitó comentar si el Congreso debía o no pronunciarse sobre la posibilidad de derogar esta ley. Optó por dejar en mano de cada juez la posibilidad de que decidan su no aplicación.
Por otro lado, la congresista Ruth Luque presentó el proyecto legislativo que propone derogar la Ley 32108, la cual realiza polémicas modificaciones a la norma contra el crimen organizado. Algunas de ellas es la definición del término organización criminal y que los allanamientos deben ser con la presencia del investigado y su abogado.
Con ello, se busca restablecer la norma promulgada por el Congreso a inicios del mes de agosto, la cual no fue observada por el Ejecutivo. Cabe recalcar que la Ley 32108 fue impulsada por la bancada de Perú Libre y aprobada en segunda votación por la Comisión Permanente el pasado 4 de julio.
Finalmente, el mecanismo más rápido para de derogación de la ley es la vía tomada por la parlamentaria de izquierda, ya que sería el mismo Congreso el que la derogue, ningún otro poder puede hacerlo. El éxito de esta iniciativa dependerá del apoyo que encuentre entre las bancadas. Otro camino, aunque más largo, es que se busque su declaratoria de inconstitucionalidad ante el TC.
