Diputados de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa calificaron de irresponsabilidad que la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, solicitara, a última hora y con carácter de urgencia, incrementar en ¢1.900 millones una subpartida del presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP) para cubrir los salarios de 8.000 funcionarios suplentes, mayoritariamente docentes.
Los recursos provendrían, principalmente, de un recorte a los fondos para pagar las cotizaciones de las pensiones de los docentes.
La jerarca pidió hacer el ajuste en el quinto presupuesto extraordinario de la República, presentado por el gobierno al Congreso desde el pasado 15 de julio. Con la discusión del cambio al presupuesto del MEP, el foro de Hacendarios finalizó el lunes la votación de mociones de fondo que los legisladores presentaron en el plenario.
Durante la discusión, los legisladores cuestionaron a la ministra por no apersonarse al Congreso para solicitar los recursos directamente, pues la moción para hacer el incremento la presentó el diputado fabricista José Pablo Sibaja, jefe de fracción del Partido Nueva República (PNR), de la oposición.
“Muy lamentable que quien tenga que venir a defender esta moción sea José Pablo (Sibaja) y no sea la ministra de Educación”, afirmó la presidenta del foro legislativo, Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN).
Para cubrir la totalidad de los recursos, Sibaja y el MEP plantearon recortar ¢1.400 millones de las cotizaciones del Estado para las pensiones del Régimen de Capitalización Colectiva, manejado por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).
Los ¢500 millones restantes provienen de fondos destinados para el alquiler de equipo de cómputo.
“Yo creo que estamos actuando más como gobierno que como diputados. A nosotros nos toca aprobar e improbar, y hemos tenido que tomar aquí decisiones para la seguridad nacional, para la educación, para los programas y, además, se dan el lujo de no girar los dineros a pesar de las necesidades”.
Paulina Ramírez, diputada del PLN y presidenta de Hacendarios
La Comisión de Hacendarios aprobó la moción de forma unánime, pero bajo el compromiso de abrir el plenario a comisión para presentar una nueva propuesta que permita cambiar el origen de los recursos y subsanar otros problemas.
Los diputados también acusaron a la jerarca del MEP de trasladar al Congreso el conflicto con su propio personal por la falta de pago de las remuneraciones.
“Está contratando personal al que tiene tres meses sin pago, pero encima de eso, les está diciendo que el recurso para pagarles está exclusivamente aquí, que depende de nosotros si se les paga o no se les paga. Entonces, ahorita tenemos docente presionándonos, porque ya nos están tirando el churuco a nosotros”, declaró la verdiblanca Sonia Rojas.
La Nación solicitó una declaración a la ministra del MEP, por medio de su oficina de prensa, sin que se obtuviera una respuesta.
Sibaja dijo a la Comisión que decidió presentar la moción luego de que la falta de recursos “saliera a floración” durante una reunión con personal de la Dirección de Gestión de Talento Humano de MEP, porque su despacho trabaja con esa cartera en otros temas.
Por su parte, la ministra Müller respaldó la propuesta del legislador mediante el oficio DM-1173-2024, del 26 de agosto. En la nota, la jerarca señala que se identificó “la urgente necesidad” de atender un “problema de falta de contenido económico” en la subpartida de suplencias, que se produjo por un aumento significactivo en el número de incapacidades registradas durante los últimos años.
De acuerdo con el documento, se estima que, para el cierre de 2024, el 79% de la planilla del MEP se habrá incapacitado. En los primeros seis meses del año, 35.530 personas se acogieron a esta licencia y se proyecta que, para finales de año, el monto total será de 70.000.
El total de incapacidades en 2022 fue de 62.302 y, en 2023, se incrementó a 64.558.
Igualmente, el documento del MEP alega que la necesidad de suplencias se agravó por la sustitución de personal reubicado por temas de salud, procesos disciplinarios, conflictos y otras circunstancias.
No obstante, el diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), cuestionó cuál es la planificación del MEP para prever este tipo de situaciones, pues no se hizo las estimaciones adecuadas.
Si bien los diputados estuvieron de acuerdo con dotar al MEP de los recursos para cubrir los salarios, externaron su preocupación sobre el posible impacto de eliminar los dineros destinados a computadoras y a las cotizaciones para las pensiones de los docentes.
“¿Quién me dice a mí que el alquiler de equipo de cómputo por 500 millones no los van a ocupar? ¿Cómo saber si con lo de Jupema no hay un compromiso previo? Están delegando en nosotros las responsabilidades, porque ahora es muy fácil, si no se aprueba es responsabilidad ¿de quién?, de los diputados, pero ellos nunca hicieron nada para resolverlo de previo”, afirmó la diputada Ramírez.
“Yo creo que estamos actuando más como gobierno que como diputados. A nosotros nos toca aprobar e improbar, y hemos tenido que tomar aquí decisiones para la seguridad nacional, para la educación, para los programas y, además, se dan el lujo de no girar los dineros a pesar de las necesidades”, añadió.
Al respecto, Jonathan Acuña propuso tomar parte de los ¢2.684 millones que el Ministerio de Justicia y Paz presupuestó para construir las cárceles de carpas, como fuente de los recursos para las suplencias del MEP, en vista que la misma cartera reconoció que no podrá ejecutar los fondos, luego de que el Congreso condicionara su uso a la construcción de estructuras hechas a base de concreto.
Otro problema que tendrá que subsanar el plenario legislativo es que la moción aprobada es improcedente, de acuerdo con el criterio del asesor del Departamento de Servicios Técnicos, Luis Paulino Mora, porque se a las partidas de JUPEMA y computadoras se les rebajan más recursos que los propuestos originalmente por el Poder Ejecutivo.
Mora recordó que el artículo 206 del Reglamento de la Asamblea Legislativa limita la potestad de enmienda de los diputados.
“Dado que la Constitución Política establece la exclusividad de iniciativa presupuestaria del Poder Ejecutivo, como una forma de protección, el reglamento de la Asamblea Legislativa, en el artículo 206, establece esa norma, que dice precisamente eso, que no puede aumentarse el monto de la rebaja establecido originalmente”, explicó.
Tanto Paulina Ramírez como Jonathan Acuña indicaron que avanzar con la propuesta provocaría abrir un portillo muy peligroso, para el gobierno.
“Yo quisiera sentar aquí a Nogui (Acosta, ministro de Hacienda) y decirle ‘si hacemos esto lo podemos hacer en todo lo demás, le afectaría al Gobierno Central, así como delegaron facilmente el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES)’. Entonces, que se atengan a las partidas que vamos a tocar, porque no vamos a saber si hay compromisos legales, porque quien es el responsable de formular el presupuesto es el Ejecutivo”, expresó la presidenta del foro.
Por su parte, el diputado frenteamplista indicó que la limitación se trata de una protección para que las instituciones no tengan que preocuparse por eventuales recortes, aprobados desde el Congreso, mientras ejecutan el presupuesto en el transcurso del año, más allá de lo previsto por el mismo Poder Ejecutivo.
Consultado sobre la responsabilidad que acarrearía a los diputados aprobar la moción, Mora indicó que no habría alguna, en su opinión, por el fuero parlamentario que les protege. Lo que sí podría ocurrir es que Jupema cuestione la constitucionalidad de la reforma y se traiga abajo la asignación de los recursos.
