En los últimos días hemos atestiguado una posición bastante radical de parte del presidente López Obrador, defendiendo su reforma al Poder Judicial. Nuestro presidente es un hombre de ideas poco flexibles. Una vez que tiene algo en mente y se decidió a hacer algo, no se detiene hasta ver la tarea concluida. Quizá en ello radica su habilidad política. Es un hombre que simplemente no acepta un ‘no’ por respuesta.
La semana pasada, en esta columna ‘Costo de Oportunidad’, y en una entrevista con El Financiero Bloomberg, comentamos que la reforma propuesta de elegir jueces por sufragio popular no ayuda a tener un Poder Judicial más independiente. Al contrario, lo que haría es que los jueces dependieran de poderes fácticos, políticos o económicos, que los apoyen para ganar elecciones. Aún si le ponemos más recursos a nuestro ya costoso sistema electoral, la independencia judicial estaría sujeta a la buena voluntad de los patrocinadores y promotores de los candidatos a jueces. Ya en nuestros procesos de elección legislativa y ejecutiva, se mete el crimen organizado, no solamente con patrocinio económico o apoyo político. Las mafias votan antes que los electores, asesinando o amedrentando candidatos. Este no es un escenario deseable para los jueces.
Imagínese que tiene usted unos terrenos. Un grupo de invasores los ocupa, y se niegan a salirse. Ese grupo está patrocinado por algún político que participa en el gobierno en turno. (No es como que este escenario sea desconocido en México). Usted, en defensa de sus derechos y patrimonio, prepara a su equipo legal para demandar al líder y a su grupo. El cuate lo busca y le dice: “Mire usted. Allá está mi juez. Es de los nuestros. El litigio le va a costar años y mucho dinero, y va a perder ¿No sería mejor que nos arreglemos de una vez, y así no paga usted dos veces?”.
Este es solamente un ejemplo que ilustra cómo la reforma propuesta no va a hacer a México más democrático, pero sí más injusto. Con un Poder Judicial subordinado al poder político, del presidente o de legisladores y funcionarios influyentes, México se aleja de naciones con las que históricamente hemos aspirado a comerciar y convivir, como Estados Unidos y Canadá, y se acerca a naciones como Irán, Rusia, Cuba, Turquía, China, Venezuela y Corea del Norte, donde el Poder Judicial está subordinado al Poder Ejecutivo. Eso permite al Partido Comunista Chino encarcelar o ejecutar disidentes políticos, y ha permitido que dictadores como Vladimir Putin encarcelen y asesinen a sus opositores. En México han desaparecido y muerto incontables ciudadanos, periodistas, activistas y políticos que se han atrevido a hablar del crimen organizado o a contrariar a grupos criminales que el gobierno actual no persigue ni procesa judicialmente.
¿Qué se necesita para presentar un delincuente con un juez? Que haya fiscales (antes ministerios públicos), que sean abogados diligentes, ordenados y honestos a toda prueba, que integren los expedientes criminales, hagan las acusaciones, y acompañen el proceso para custodiar las evidencias, proteger y estimular a los testigos, y lograr condenas para quienes rompieron la ley, especialmente en los crímenes más abominables.
Pues de esos candidatos a la santidad no hay. Las fiscalías están rebasadas en sus capacidades de trabajo y rodeadas de corrupción. Un fiscal seguramente tiene que atender muchos más asuntos que un abogado en la práctica privada, y su remuneración es una fracción de lo que obtendría un litigante mediano.
Ahí debería concentrarse la reforma. Necesitamos darles recursos, policías, procesos sencillos, herramientas tecnológicas, reducción de riesgos, protección para sus familias y testigos, entre otros. A ellos, sí podríamos elegirlos por voto popular. Deberían poder perseguir a políticos de alto nivel si fuera necesario.
Si esa fuera la reforma del presidente López Obrador, todos le aplaudiríamos. Pero no es. Ya el exministro en renuncia Zaldívar dijo, en días pasados y en entrevista con Ciro Gómez Leyva, que la reforma judicial en sí misma no se trata de la justicia, y no soluciona las tareas sistémicas. Pero, creo que ya es tarde. El presidente ya se decidió a concluir este proceso, en su mente. La supermayoría legislativa le da manga ancha para hacer realidad su idea. Nuestro prócer discutirá la pertinencia de la reforma solamente con sí mismo. Sus cercanos y socios, como la presidenta electa Sheinbaum, solamente estarán ahí para convertir la idea en ley.
