La Administración de la Resolución de Coopeservidores confirmó que el traslado de préstamos al Banco Popular (BP) implicó, para algunos deudores, un incremento en la cuota mensual como parte de la regulación de las condiciones de los créditos.
Así se desprende del documento Preguntas y respuestas con respecto al retraso de envío de la información al Banco Popular, emitido este martes 27 de agosto.
En el documento se indica que, como parte de la intervención realizada a la cooperativa, se detectaron irregularidades en la gestión de los préstamos, incluyendo las prórrogas automáticas. “El Banco Popular está cobrando las cuotas que realmente corresponden a lo pactado en los contratos originales del crédito”, explicó la Administración de la Resolución, dirigida por Marco Hernández.
La información señala que las condiciones de cada operación crediticia se mantienen según lo pactado con la cooperativa. Además, se recomendó a los deudores consultar directamente con el Banco Popular, en caso de ser necesario llegar a un acuerdo de pago con la entidad.
El BP absorbió un total de 49.116 créditos por un saldo de ¢299.066 millones. Sin embargo, en la información publicada por el resolutor no se especifica en cuántos de estos créditos se elevó el monto de la cuota mensual.
La Nación consultó al banco público, por correo electrónico a las 6:34 p. m., a cuántos deudores les ocurrió lo descrito por los Administradores de la Resolución, pero al cierre de este artículo, se indicó que la respuesta se tendrá hasta este miércoles.
Por otra parte, la Administración de la Resolución detalló que el retraso en el traslado de la información al BP sobre los montos de depósitos de cada persona se debe a la conciliación de los datos de cada cliente de los diferentes instrumentos de ahorro con los que contaba la cooperativa.
“La cooperativa trabajaba con 23 productos de captación (vista, ahorro y certificados de depósito a plazo) diferentes, que implicaban el cálculo de intereses e impuestos distintos para cada producto. El registro de estos productos, para cada persona física o jurídica, requirió ser revisado para poder presentar los saldos de las acreencias”, se indicó en el documento publicado en la web de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Inicialmente, el Banco Popular planeaba empezar con la segunda fase del proceso de absorción de Coopeservidores el miércoles 28 de agosto, dirigida a los ahorrantes con montos de hasta ¢6 millones. Sin embargo, dicho plazo no se cumplirá y aún no se ha definido cuándo podría ejecutarse el pago a los depositantes.
Por otro lado, el pago a los ahorrantes con saldos superiores a ¢6 millones está pactado para empezar el 16 de setiembre. La administración de la resolución afirmó que trabaja al máximo de manera ininterrumpida para evitar un retraso en esta segunda entrega de información al Banco Popular. “Se estará informando al respecto conforme avanza el proceso”, indicó el órgano resolutor.
