Se ha convertido en una de las principales soluciones para intentar frenar la llegada de pateras: regar a los países con millones de euros. Desde hace años, el Gobierno realiza inversiones millonarias en países como Mauritania, Senegal o Gambia, sin embargo, esta estrategia no está frenando la salida de cayucos, ya que las llegadas están en máximos históricos. En este sentido, en 2023 llegaron 39.910 personas por mar a Canarias, superando las 36.000 llegadas registradas durante la conocida como «crisis de los cayucos». Hasta el 15 de agosto de este año han arribado 31.155. Todo apunta a que se superará con creces las cifras del año pasado y, por lo tanto, se batirán todos los registros. LA RAZÓN analiza con distintos expertos la utilidad de esta medida.
José Carlos Cabrera, CEO de Frontera Líquida y analista en políticas migratorias, señala que «dar dinero no ayuda a frenar la inmigración, siempre y cuando el dinero no se destine para medios policiales o todo lo que tenga que ver con la protección de las personas». El experto pone como ejemplo los 500 millones de euros comprometidos por la Unión Europea y España en la anterior visita del jefe del Ejecutivo y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el pasado mes de febrero. «No han servido para nada», subraya. A su juicio, sería más producente invertir ese dinero en «apoyar un sistema de protección a las personas para que tengan vías alternativas». Es decir, que quienes lleguen lo hagan con una serie de contratos en determinados sectores laborales. A su juicio, esta política migratoria –que sitúa el desembolso económico en el centro– está «siendo un absoluto fracaso». También incide en la utilización de la inmigración como amenaza híbrida para desestabilizar a los países de destino.
De la misma opinión es Frédéric Mertens, profesor y coordinador del grado en Relaciones Internacionales y director del departamento Jurídico en la Universidad Europea de Valencia, quien sostiene con rotundidad que las inversiones millonarias «no» frenan los flujos migratorios. En su opinión, la gira de Sánchez por distintos países africanos no es innovadora. «Sus homólogos, franceses, alemanes o italianos también lo hicieron sin mucho compromiso de parte de estos países africanos». El especialista es partidario de un acuerdo conjunto entre los países de la Unión Europea. Pone el acento, además, en que la firma de un acuerdo concreto con un país de origen es un parche porque evita las salidas desde ese país pero no bloquea los flujos migratorios desde otro vecino. «Si no puedes salir desde Senegal, lo haces, por ejemplo, desde Marruecos o Mauritania», describe. En cuanto a las posibles soluciones, Mertens propone la «sensibilización sobre la peligrosidad en estos países», además de, «colaborar en la estabilidad política y económica para mejorar las condiciones de vida» en los países de origen donde existe una gran inestabilidad política.
Por otro lado, desde la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) recuerdan los horrores a los que se enfrentan a lo largo de estas rutas. «Muchos sufren graves violaciones de los derechos humanos en el camino, incluyendo violencia sexual y de género», señalan en declaraciones a este medio. Es por ello que reclaman «reforzar esas intervenciones en origen y en las rutas para atender, proteger y buscar soluciones y vías legales para refugiados y migrantes en la fase más temprana posible de estos desplazamientos». Para ello, añaden, «es esencial que se financien adecuadamente los programas humanitarios y de cooperación al desarrollo, en países de origen, tránsito y destino».
Por otro lado, desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) esperan de la visita de Sánchez «que no solo aborde las políticas de contención de los inmigrantes porque hace falta diplomacia para acabar con los conflictos que están en el origen de los grandes desplazamientos de población». Insisten en que «el control y la externalización de las fronteras, así como los visados de tránsito han fracasado» porque los flujos migratorios «no disminuyen, solo se hacen cada vez más arriesgados y cuestan más vidas». A renglón seguido, aseguran que «las ayudas, muchas veces, solo benefician a una minoría corrupta que utiliza la presión migratoria en función de sus intereses particulares». En concreto, desde CEAR se fijan en la situación en el campo de refugiados de Mbera –de donde proceden muchas de las personas– que se dirigen a las Islas Canarias y proponen «un compromiso de cupo del Gobierno español para ordenar y hacer más segura esta ruta». A su juicio cuantas más alternativas legales existan, menos personas arriesgarán su vida. «Esperamos del gobierno de Pedro Sánchez un mayor compromiso», concluye.
Cabe recordar que durante la «crisis de los cayucos» de 2006, el Gobierno de Zapatero logró un acuerdo integral con Mauritania, como país de origen y tránsito, para luchar contra la inmigración irregular. En este sentido, los Veintisiete también han sacado la chequera. El principal ejemplo son los millones de euros que recibió Turquía durante 2015 para la compra de vehículos militares blindados y equipos de vigilancia con los que custodiar las fronteras. También se firmó un Memorándum de Entendimiento con Túnez para proporcionar apoyo económico con el objetivo de desincentivar la migración irregular hacia el continente europeo.
