Moncloa buscó ayer imprimir una sensación de optimismo y fortaleza en el arranque de curso político. Un intento más de animarse a sí mismo, de cara a los próximos desafíos, que de convencer a la opinión pública. El Ejecutivo se reunió ayer en Consejo de Ministros por primera vez tras el descanso estival y se conjuró para demostrar, de puertas para fuera, estabilidad en un momento de máxima debilidad, después de que sus principales aliados, Junts y ERC, se hayan desmarcado del bloque de investidura.
En ese intento de destilar solidez, y con el lema de «un Gobierno en marcha», la portavoz gubernamental, Pilar Alegría, confirmó que el Ejecutivo registrará «en tiempo y forma» el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2025 en el Congreso, es decir, el 30 de septiembre para que puedan entrar en vigor el próximo 1 de enero. «Vamos a trabajar para presentar unas cuentas, unos nuevos presupuestos de acorde con la propia coyuntura económica. Sabemos cuáles son nuestras tareas y nuestra responsabilidad», aseguró. De puertas para dentro, ese optimismo es ostensiblemente rebajado.
La percepción que recorre el Gobierno es la de que los presupuestos pueden quedar en el cajón ante el panorama político que va a acontecer en los próximos meses. Los congresos refundacionales de Junts y de ERC que se celebrarán en otoño están marcados en el calendario de Moncloa, donde ya se admite –sin reparos– que pueden dificultar los Presupuestos. Junts y ERC «están fuera de los gobiernos», inciden, en referencia al Palau de la Generalitat. Un elemento que sirve a los independentistas para salir de sus congresos exhibiendo fuerza para hacer valer su posición negociadora en el Congreso. «Esto aumenta las dificultades», explican fuentes gubernamentales, sobre la negociación de las cuentas públicas. Además, los presupuestos llegarían al Congreso antes de estos congresos, y Junts y ERC se marcarían un tanto dejando en vilo al Ejecutivo. En Moncloa son conscientes de que las advertencias de sus socios no son un farol, puesto que Junts ya tumbó en julio la senda de estabilidad y los republicanos ya han avisado de que retirarán su apoyo al PSOE en el Congreso si no cumple con el cupo catalán. También reconocen cuál es la aritmética real. «Somos un Gobierno en minoría parlamentaria», se escudan como primera cura en salud ante una nueva derrota.
Es por ello que el Gobierno busca quitarse toda la presión y, por tanto, la traslada a sus socios. Es decir, deja en manos de los aliados la posibilidad de que salgan adelante, al ser conocedor de que a día de hoy no tiene la garantía de que Junts o ERC vayan a apoyarlos con sus votos. En este escenario, el Ejecutivo mira a sus socios de reojo. «Cuando este Gobierno cumpla, entrará la responsabilidad de los grupos parlamentarios. Quienes serán los que tengan que decir lo que consideran de esas cuentas», advirtió la portavoz del Gobierno.
En el Ejecutivo repiten que tienen la «mano tendida» para negociar con los grupos parlamentarios, y así, sin elevar el tono contra sus aliados, aseguran en público que trabajan con la idea de aprobar unos nuevos presupuestos, pero son conscientes de que no cuentan con los votos necesarios. Así, el «plan b» de Moncloa ya comienza a circular en el ambiente. Esto es, la prórroga de los Presupuestos de 2023. Sería la segunda consecutiva, después de que este mismo año el Gobierno renunciara a negociar las cuentas de 2024 ante el contexto electoral que había impregnado todo en los primeros seis meses del año. Se trataría de la sexta prórroga presupuestaria en una década y la cuarta que ejecuta un gobierno socialista. Pedro Sánchez ya prorrogó las cuentas de 2018 elaboradas por el último Gobierno de Mariano Rajoy en los ejercicios de 2019 y 2020. Si ello sí generó controversia en el propio PSOE, no ocurre ahora, ni tampoco hace agitar el fantasma del adelanto electoral, a pesar de ser un Gobierno sin presupuestos, «un gobierno que no gobierna», como acusan en el PP al PSOE por no ser capaz de sacar adelante las cuentas públicas. La diferencia, dicen fuentes gubernamentales es que «si hay que prorrogar las cuentas sería un presupuesto nuestro, no del PP». El botón rojo –convocar elecciones generales– no está en los planes de Moncloa, por dos motivos: la debilidad de Sumar y la circunstancia de que solo hace un año que hubo elecciones generales, lo que significaría para Pedro Sánchez asumir una derrota personal.
La estrategia del Gobierno está a su vez marcada por Cataluña, lo cual sigue siendo un asunto muy espinoso en el propio PSOE. Tanto es así que ayer se dejó pasar la primera oportunidad para explicar el acuerdo con ERC para conseguir la presidencia de Cataluña, el cual cuenta con el «no» de PSOE, PP y aliados en el Congreso. Se sigue negando que se trate de un concierto aunque se reconoce que blinda a Cataluña porque le da «mayor autonomía fiscal». La ministra portavoz aseguró que en el documento del pacto queda reflejada la «financiación singular», «la profundización del autogobierno» y la «solidaridad interterritorial», pero no habló sobre la recaudación total de impuestos por Cataluña. Garantizó Alegría que «por supuesto» que el acuerdo «se va a cumplir» y defendió que desde 2018 se han transferido a las comunidades 300.000 millones para mejorar la financiación de todos los territorios.
