El Poder Judicial, a través del juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho, decidió suspender la audiencia de prisión preventiva contra el hermano de la presidenta de la República, Nicanor Boluarte, el letrado Mateo Castañeda, entre otros, para este viernes 30 de agosto. Esto en el marco del caso denominado como los 'Waykis en la Sombra'.
El representante del Poder Judicial mencionó que la audiencia se reanudará a partir de las 9:00 a. m. para que el magistrado pueda escuchar los argumentos de las partes en la investigación. Es importante señalar que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) del Ministerio Público ha solicitado 36 meses de prisión provisional para el familiar de la jefa de Estado y otros, ya que consideran que los implicados en las investigaciones habrían formado una presunta red criminal.
El Ministerio Público investiga al hermano mayor de Dina Boluarte por presuntamente haber liderado una presunta organización criminal, la cual ordenó cobrar distintas sumas de dinero a subprefectos a cambio de que los mismos puedan obtener un cargo en el Estado peruano.
Según la hipótesis de la Fiscalía, con dichas sumas de dinero que obtenía la presunta red criminal era para que el partido político Ciudadanos por el Perú pueda ser solventado. Además, en reportajes periodísticos anteriores, se conoció que los prefectos y subprefectos que eran designados por el Gobierno de Dina Boluarte para que puedan recoger firmas de los ciudadanos y cumplan con el objetivo de inscribirlo ante el Jurado Nacional de Elecciones.
Jorge Luis Ortiz Marreros, exdirector de la Dirección de Gobierno Interior; los hermanos Jorge y Noriel Chingay Salazar y la exjefa de Qali Warma en la región de San Martín, Zenovia Griselda Herrera Vásquez, también se encuentran comprendidos en las indagaciones.
Este martes 27 de agosto, el representante del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcoop), Carlos Ordaya, solicitó al magistrado Richard Concepción Carhuancho que aplique el "Control difuso convencional" para que las defensas legales de los acusados del caso 'Waykis en la Sombra' no puedan acogerse a la Ley 32108, norma que recientemente fue modificada por el Congreso de la República.
La modificación a la norma que enfrenta al crimen organizado, promulgada por el Legislativo hace unas semanas, no solo vulneraría los derechos constitucionales, sino que también afectaría las normas internacionales, según planteó el Ministerio Público. Además, el fiscal Ordaya mencionó que los presuntos actos delictivos de Nicanor Boluarte contarían con un respaldo por parte del Poder Ejecutivo.
"Lo más importante es que cuenta con un soporte de apoyo del gobierno actual, porque ese poder de facto que ha tenido el principal investigado (Nicanor) ha conllevado, muchas veces, a impedir el normal desarrollo de esta investigación. Esta norma puede causar un perjuicio", indicó el integrante del Ministerio Público.
