Moncloa se fijó como uno de los objetivos prioritarios de la declaración de Pedro Sánchez ante el juez por el caso Begoña Gómez impedir que el vídeo del presidente se convirtiera en la apertura de los informativos de televisiones de todo el mundo. Ahora, se da por hecho que esas imágenes verán la luz en breve. Se filtrarán vía WhatsApp.
En el equipo del jefe del Ejecutivo consideran que el impacto mediático de un audio o de una foto es significativamente menor que en el caso de un vídeo. Sin embargo, el juez Peinado exigió grabar el interrogatorio. Acudió él mismo con el equipo de grabación a La Moncloa para recoger la declaración de Sánchez, pese a que el líder del PSOE, como presidente del Gobierno, insistió en que podía responder por escrito.
En los últimos días, el magistrado ha rechazado vetar el vídeo de la declaración de Pedro Sánchez, como pedía el fiscal en el caso que investiga a su esposa por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Fuentes conocedoras del proceso explican a Confidencial Digital que las imágenes grabadas “apenas duran dos minutos”, ya que el líder socialista se negó a declarar para no perjudicar a su mujer, tal y como ampara la ley.
El juez entiende que todas las partes personadas deben tener acceso a la grabación de Sánchez porque se pueden sacar “conclusiones” de su “silencio”. Ello a pesar de que asume que las imágenes pueden ser objeto de filtraciones.
Considera que “sin perjuicio de que efectivamente las filtraciones” de materiales de la causa “se vienen llevando a cabo por todas las partes procesales” y “a pesar de las reiteradas advertencias”, las partes –ha dicho- “tienen derecho a disponer de copia de todos los documentos que se contienen” en las diligencias previas, en las que se incluye la grabación al jefe del Ejecutivo.
Sin embargo, fuentes próximas a la causa consultadas por ECD explican que los medios, en connivencia con las partes personadas en el caso Begoña Gómez, se inclinan estos días por tomar las imágenes de las redes sociales y evitar así cualquier responsabilidad en la difusión de diligencias de instrucción declaradas secretas.
Apuestan, de hecho, porque el vídeo sea puesto en circulación por alguno de los receptores en una cadena de mensajes reenviados muchas veces a través de Whatsapp para después ser recogido de inmediato y publicado en las ediciones digitales de los diarios con mayor difusión.
La filtración de actuaciones declaradas secretas constituye un delito, según el artículo 466 del Código Penal, aunque apenas se investiga en la Administración de Justicia en España para la activación de una sanción penal al medio de comunicación.
Destacados dirigentes socialistas expresaban hace unas semanas en privado su “extrañeza”, tal y como desveló ECD, porque todavía no se hubiera filtrado el vídeo de Sánchez ante el juez, casi un mes después de la visita de Juan Carlos Peinado a La Moncloa.
Hay que recordar que las imágenes de la declaración de su esposa, Begoña Gómez, solo tardaron cuatro días en aparecer en los medios.
No se pasa por alto ahora que el vídeo con las dos fugaces comparecencias de Begoña Gómez ante el juez sí fueron grabadas finalmente, pese a la oposición de su abogado, que había pedido que solo se registrara el audio de esas declaraciones con el fin de evitar posibles filtraciones, como así ocurrió en ambas ocasiones, dada la “relevancia pública” de la esposa del jefe del Ejecutivo.
Sin embargo, el juez respondió que Gómez “no tiene la condición de autoridad”, y que “todos los españoles son iguales ante la ley”. Le llegó a reprochar: “Es que usted no es más que nadie”, tal y como contó ECD.
Pedro Sánchez sí tiene la condición de autoridad y de relevancia pública, pero fue citado por el instructor como testigo en calidad de “marido de la investigada”. Por ello, el juez Peinado insistió en grabar a Pedro Sánchez en Moncloa y supervisó varias veces antes de comenzar la declaración del presidente que el dispositivo de grabación funcionara.
