La acción de Talgo llegó a desplomarse un 10 por ciento tras conocerse que el Gobierno ha decidido vetar la oferta pública de adquisición que anunció el consorcio público-privado húngaro Ganz-Mavag (Magyar Vagon) en diciembre de 2023. El precio cayó un 23 por ciento por debajo de la oferta de compra. La caída es lógica después de que los inversores comprobaran que Talgo no se puede vender sin permiso del Ejecutivo, lo que relativiza el derecho de propiedad sobre el activo que, tras esta decisión, tiene un valor de mercado de cero cuando el comprador reúne determinadas características. Esta es la base argumental que describe el tipo de daño o perjuicio que los inversores minoristas podrían esgrimir en la impugnación que han anunciado contra la normativa. El consorcio afectado también ha prometido acciones legales en España y la Unión Europea para defender la legitimidad de su oferta. El bloqueo de la operación fue aprobado por el Consejo de Ministros tras un informe en contra de la Junta de Inversiones Exteriores, un órgano interministerial adscrito a la Secretaría de Estado de Comercio. Esta Junta administra el llamado escudo antiopas, una regulación proteccionista que ha existido siempre en nuestra legislación, pero cuya última versión procede de las turbulencias provocadas por la pandemia y que le permite al Gobierno autorizar o bloquear la inversión extranjera directa en determinados sectores y cuantías. En este caso su análisis «ha determinado que la autorización de esta operación conllevaría riesgos para garantizar la seguridad nacional y el orden público». Sin embargo, los criterios para fundar su decisión no los podemos examinar porque el Consejo de Ministros ha declarado como «clasificada» la información contenida en el expediente. Desde que se conoció la operación, el Ejecutivo no ha ocultado su contrariedad con la oferta de Magyar Vagon. De hecho, había advertido de que usaría el escudo antiopas para bloquearla, como ha hecho. El ministro Óscar Puente sostuvo que Talgo maneja tecnología estratégica que puede ser de relevancia militar. No sólo eso, el Gobierno alentó la búsqueda de un 'caballero blanco' –la checa Skoda–, pero que finalmente no cristalizó. Hubo muchas especulaciones sobre esta actitud, desde la animosidad hacia el Ejecutivo de ultraderecha de Viktor Orbán y su condescendencia con las posiciones de Vladímir Putin, o el temor a que Talgo fuera desmantelada y troceada. El plazo para dictaminar sobre la operación era octubre. El Gobierno ni siquiera ha tenido el escrúpulo de recurrir al argumento de la seguridad nacional cuando no ha tenido más opciones. Si todo puede ser calificado como esencial para la seguridad nacional, sin establecer bordes y criterios nítidos, el argumento se devalúa y se convierte en terreno abonado para la discrecionalidad. Cualquier propiedad puede quedar a merced de la seguridad nacional por razones «clasificadas». Esto resulta aún más evidente cuando se compara la opa sobre Talgo con otras inversiones extranjeras. ¿ Por qué no se vetó la entrada del fondo saudí en Telefónica y se prefirió financiar con dinero de los contribuyentes una costosa aventura accionarial? ¿Y la agresiva entrada de fondos en una firma estratégica como Naturgy? Las cuestiones se multiplican si se tiene en consideración que Hungría no sólo es miembro de la UE –la que preside–, sino que también lo es de la OTAN, nuestra principal alianza militar. Es sabido que la seguridad nacional se convierte en un concepto difuso, sobre todo cuando no están claros los límites entre amigos y enemigos. Pero lo es aún más cuando lo que se quiere es imponer la razón de Estado en la economía.
