“¿Quién va primero en la fila? ¿Quién espera más por una cirugía? ¿Quién recibe el medicamento primero?”. Por todas estas interrogantes es que para el experto en política y sistemas sanitarios Héctor Castro, el papel de los tomadores de decisiones en términos de salud es complejo, como “jugar a ser Dios”.
Para cumplir esa labor se toman en cuenta factores como el financiamiento con recursos públicos, negociaciones, compra de tecnologías (medicamentos, vacunas, procedimientos y sistemas), pero sobre todo, sus decisiones son determinantes en la salud y el bienestar de seres humanos.
Esta tarea no es lineal ni tampoco absoluta. Según explicó, en todos los países del mundo los costos de salud crecen cada año, las prioridades de atención cambian y por la presión social que se ejerce en los estados sociales de derecho es necesario tener la mayor evidencia posible para tomar decisiones informadas.
Castro se refirió al tema durante el Foro de Salud 2024, en el que se abordaron las oportunidades para lograr un sistema de salud competitivo, moderno y sostenible a beneficio del paciente.
“Costa Rica históricamente ha sido un buen estudiante en el sector salud [...] este buen estudiante ya no va tan bien”, agregó. Este proceso de toma de decisiones se vuelve aún más complejo en países como este, donde la inversión en salud está por debajo del promedio de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
“Es importante ser creativos, entender que el mercado de salud y las necesidades de la población cambiaron y es importante recurrir a un popurrí de intervenciones en vez de pensar que una sola política pública nos va a dar la solución”, advirtió.
En este contexto de recursos limitados, se vuelve cada vez más necesario alcanzar mayores niveles de eficiencia y definir cuánto y cómo invertir. En este foro, Castro reveló un “popurrí” de medidas como la Evaluación de Tecnologías en Salud, la regulación de precios a través de la referencia internacional, la asequibilidad financiera y mecanismos innovadores de acceso para facilitar el uso óptimo de los recursos y el acceso universal en salud.
Para Castro, esta cobertura universal no se limita a que las personas simplemente están aseguradas, sino a una aspiración de los sistemas de salud que se basa idealmente en tres criterios: amplitud, profundidad y altitud.
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La amplitud indica que todas las personas deben tener acceso a servicios de salud. La profundidad se refiere a que puedan acceder a las tecnologías que necesitan, mientras que la altitud busca que una persona tenga que desembolsar la menor cantidad de dinero una vez que acuda a un servicio médico.
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“Cada día es más notorio que los países deben tener un mecanismo, una agencia, algo que le informe dónde poner los recursos de una manera más inteligente”, indicó Castro.
Por ello, los países han implementado políticas farmacéuticas que aseguran y evalúan rápidamente la calidad de las tecnologías que ingresan, evitando barreras de acceso y garantizando su uso racional para que las personas puedan acceder a ellas cuando las necesiten.
En el marco de las políticas farmacéuticas, Castro destaca el uso de la Evaluación de Tecnologías en Salud (ETS), una metodología que consiste en un proceso sistemático de evaluación de las tecnologías sanitarias para tomar decisiones.
La ETS busca comprender el valor de la tecnología más allá del precio. Por ejemplo, determinar si un medicamento mejora la calidad de vida de un paciente, cura su enfermedad, lo hace más productivo o permite que acuda menos veces a la Caja para reducir la probabilidad de colapsar el sistema.
Aunque este método surgió en Estados Unidos en la década de 1950, según Castro, hoy en día hay cerca de 53 agencias en al menos 33 países que lo implementan. Además, es una metodología aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Costa Rica ha aplicado esta evaluación antes. Desde 2019, la CCSS analizaba la creación de una unidad especializada para seleccionar los equipos y medicamentos que serían utilizados en tratamientos médicos. De hecho, en 2021 se anunció su creación.
Sin embargo, a través de correo electrónico, la Caja aclaró que en este momento no hay una unidad que se dedique de forma exclusiva a la ETS. Por su parte, Salud indicó que cuenta con la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud, pero que el país aún no tiene un proceso oficializado de ETS.
“Casi listo están Costa Rica, Ecuador y Chile porque dicen “ya lo hacemos”, pero cuando vemos la vida real, las decisiones no se toman de una manera tan estructurada. ”, aseguró Hector Castro.
Este método de evaluación funciona para optimizar el uso de los recursos y evitar despilfarros de dinero como el sucedido en el Hospital Calderón Guardia, cuando imprecisiones en diseño y construcción le costaron a la Caja ¢100 millones en arreglos, adicionales a los ¢3.000 millones que representó la construcción inicial de la torre.
En América Latina, ya hay agencias especializadas en la ETS trabajando en Argentina, Colombia, México y Uruguay.
“Una de las políticas que no es fácil de hacer y no da el impacto que uno quisiera es la referencia internacional de precios”, señaló. Esta consiste en ir a tres o cuatro países y comparar el precio para determinar cuánto de más se está pagando por una tecnología.
Este método, admite, falló porque los precios publicados cada vez son menos transparentes y los países terminaban comparándose únicamente con uno, que era Francia.
“Al final el precio promedio mundial de un medicamento va a ser único. Tiene sus limitaciones, si se excede de alguna manera el límite de regulación de precios. Puede generar barreras de acceso a la innovación e incluso desabastecimiento”, indicó Castro.
La asequibilidad financiera propone que los gobiernos promuevan la competencia permitiendo la entrada de tecnologías tan pronto venza la patente o los derechos de propiedad intelectual de un medicamento e incentiva la entrada de medicamentos genéricos y biosimilares.
“Consiste en crear un espacio en el cual la industria farmacéutica y el pagador de una tecnología, ya sea público o privado, lleguen a acuerdos para mitigar la incertidumbre del impacto financiero de la tecnología y el impacto en la salud de las personas que van a recibir esa tecnología”, aseguró Castro.
Este mecanismo tiene un componente de negociación financiera, en el que se discute estrictamente el precio de una tecnología como acuerdos de precio/volumen.
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Por otro lado, tiene una esquema basado en desempeño que se centra en garantizar los resultados para el paciente, lo que significa, que si un paciente no se cura con un determinado tratamiento, el tratamiento no se paga a la compañía farmacéutica. También hay un componente híbrido que mezcla ambas formas de negociar los precios de una tecnología.
“En países como los nuestros, los modelos híbridos donde hay un componente de precio con uno de registro, es lo que permite que las cosas avancen”.
