A julio de 2024, la Defensoría del Pueblo reportó un total de 6 conflictos activos y latentes en el departamento de Cajamarca. De este total, cinco son de tipo socioambientales relacionados con la actividad minera. El caso más reciente es el conflicto activo registrado en la comunidad de Chetilla, en la provincia de Cajamarca, donde la población demanda el cese de las actividades de exploración de la empresa Colpayoc S.A.C. por la posible contaminación de la cuenca del río Ronquillo, que abastece de agua a gran parte de la población cajamarquina. A la fecha ya se han registrado concentraciones y movilizaciones, e incluso algunos encuentros tensos entre pobladores de las comunidades campesinas involucradas.
En la región, la agenda socioambiental es un tema pendiente. Si bien hoy no tiene la notoriedad mediática que tuvo en años anteriores, las interrogantes en torno al acceso y calidad del agua, a la actividad minera, al desarrollo económico y a la conservación del medio ambiente siguen vigentes. Abordar el tema se vuelve urgente si tenemos en cuenta que la problemática social y ambiental está vinculada a otros desafíos de la región como la pobreza, la seguridad alimentaria, la salud pública, la desnutrición crónica, el cambio climático, entre otros.
Los conflictos sociales y ambientales han configurado la historia de Cajamarca. El tema aún sigue generando polarización y desconfianza en la población. Por ello, es necesario que su discusión trascienda las paredes técnicas e institucionales, y conecte con la ciudadanía del campo y la ciudad, a fin de promover un debate público participativo, transparente y descentralizado. Para lograrlo es fundamental proveer una información oportuna, amigable y objetiva como insumo clave para la toma de decisiones.
Es importante que los actores locales, el Estado, la empresa privada y las organizaciones de la sociedad civil dialoguen desde la pluralidad y desde un enfoque territorial.
