El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) dejó vencer un crédito por $399 millones para desarrollar el megaproyecto Orosi II, destinado a abastecer de agua a 638.000 habitantes de 15 cantones de San José, Heredia y Cartago. La justificación inicial fue la necesidad de completar los estudios de factibilidad y diseños para solicitar el crédito con “costos reales” y evitar una renegociación en el camino. Por otra parte, se adujo la necesidad de esperar la aprobación del Ministerio de Planificación (Mideplán).
En síntesis, la actual administración estimó que el dinero no iba a alcanzar y prefirió renunciar al financiamiento, pese a la urgencia de la obra, para retomarla con mejores estimaciones financieras. Sin embargo, cuando meses después la institución dio a conocer sus prioridades para los próximos dos años, Orosi II no figuraba en la lista.
Los diputados insistieron en saber por qué el AyA renuncia a ejecutar el proyecto más importante para garantizar agua al área metropolitana y obtuvieron una respuesta contundente de Juan Manuel Quesada, presidente de la institución: el proyecto nunca existió más allá de “ideas plasmadas en una servilleta”.
Los costarricenses, dijo, “han sido vacilados durante 34 años sobre el estado real de ese proyecto y su nivel de avance”. Luego, ofreció argumentos para salvar la responsabilidad del gobierno. “Esto no es de esta administración, este proyecto tiene el mismo pecado original de muchísimos proyectos del AyA y de este país: que nos hipotecaron, a nuestros hijos y a nuestros nietos, con créditos con base en ideas plasmadas en una servilleta. Es decir, proyectos que no habían cumplido sus etapas para determinar cuál era el verdadero impacto y la verdadera factibilidad”.
Las declaraciones motivaron la respuesta de Tomás Martínez Baldares, presidente ejecutivo de la institución durante el gobierno anterior, publicada en estas páginas. El título del artículo no deja duda sobre la posición de Martínez: “Orosi II: financiado, diseñado, aprobado y en riesgo”.
Lejos de estar plasmado en una servilleta, el proyecto, calificado por Martínez como uno de los cinco más importantes para el desarrollo y la preservación de la salud pública, pasó por “diversas y complejas etapas que conforman el ciclo de vida de un proyecto de esta envergadura, con detallados expedientes técnicos y financieros”.
Orosi II “no solo asegura la continuidad del servicio y su calidad, en contraste con los racionamientos que en los últimos dos años han aumentado durante semanas y meses, sino que también incrementa la cantidad del suministro en 2,5 metros cúbicos de agua por segundo, casi el doble del actual, para garantizar la disponibilidad de agua y solventar definitivamente el déficit”.
El estudio de prefactibilidad se inició en 1989 y concluyó en el 2017. Los diseños habían avanzado un 85 % al concluir la administración Alvarado. El BCIE lo aprobó el 24 de noviembre del 2020 y fue remitido al Mideplán el 13 de enero del 2021. Los estudios de viabilidad ambiental concluyeron el 13 de octubre del 2021, su vigencia es de cinco años y correrán la misma suerte del financiamiento el 13 de octubre del 2026, dice Martínez.
Dos versiones tan contrastantes merecían el arbitrio de un tercero. Por eso consultamos al BCIE si suele aprobar créditos de esa magnitud a partir de ideas plasmadas en una servilleta. La respuesta no sorprende. “El banco… realiza un proceso riguroso y exhaustivo de debida diligencia que evalúa aspectos técnicos, financieros, legales, económicos, ambientales y sociales de los proyectos que va a financiar con base en criterios y estándares internacionales propios de la banca multilateral. Para tal efecto, el cliente (Gobierno o institución autónoma) debe contar con una base importante de estudios de factibilidad, entre otros, que son sujetos a dicha evaluación y que deben de ser aportados como parte de la documentación que acompaña a la solicitud de financiamiento. Además, en el caso de Costa Rica, estos deben contar previamente con la autorización del Ministerio de Planificación y el Banco de Proyectos de Inversión Pública, quienes definen el nivel de madurez y autorizan a la institución estatal para gestionar el financiamiento del proyecto”.
