El Partido Popular (PP) confirmó ayer que finalmente descartan pedir la comparecencia de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en la comisión de investigación que analiza el «caso Koldo» en el Senado ya que, argumentaron, a quién ellos «fiscalizan, controlan y exigen respuestas» como principal partido de la oposición es a Pedro Sánchez.
«Que nadie lo espere», advirtió el portavoz de la dirección nacional, Borja Sémper, al renunciar a que sea su mujer quien también acuda a la Cámara baja.
Es por ello que a quien sí han anunciado que llamarán a comparecer es al presidente del Gobierno, pero aún no han ofrecido la fecha concreta en que formalizarán su citación para que se siente frente a los senadores y se enfrente a sus preguntas. Se conocerá, reveló, a partir del próximo mes de septiembre.
Cierto es que los populares deslizaron la posibilidad de convocar a Gómez si el presidente no ofrecía explicaciones por su propia decisión ante la ciudadanía, pero ahora han decidido volcar todos sus esfuerzos en pedir explicaciones a Sánchez en comisión sobre los contratos de Transportes con la empresa de la presunta trama de comisiones ilegales en la compra de mascarillas y, por otro lado, sobre los hechos que se investigan por tráfico de influencias y corrupción en negocios en el propio «caso Begoña Gómez».
En cualquier caso, desde el PP aseguraron que «todos los implicados» en los supuestos delitos de ambas causas que están en manos de la Justicia «serán llamados a la comisión de investigación» que ellos mismos constituyeron en el Senado. Mantienen los de Feijóo el convencimiento de que «nadie, absolutamente nadie, va a ser capaz de eludir sus responsabilidades y dar explicaciones, ya sea de 'motu proprio' o ya sea por llamamiento del Senado».
Se refirió también Sémper a las «amenazas veladas a Sánchez» que le dirigió José Luis Ábalos tras conocerse las conclusiones de la auditoría interna encargada por el equipo actual de Transportes en torno a los expedientes de las dos adquisiciones bajo sospecha por irregularidades.
El exministro de Transportes planteó que si se «asume» que los contratos del ministerio que él dirigía con la empresa del «caso Koldo», Soluciones de Gestión, son irregulares, «¿entonces también lo fueron los de Interior, los de Baleares y Canarias?», en referencia a que este Ministerio y las dos administraciones insulares también firmaron acuerdos con la supuesta trama de «mordidas» cuando había un socialista al frente.
«Tiene razón», dijo el diputado popular, como reacción a las palabras de Ábalos, y, por ello, pidió explicaciones tanto al ministro Grande-Marlaska y al de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, como a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a ser ellos las personas que encabezaban las tres citadas instituciones en el momento en que se adquirieron las medidas de protección frente a la Covid a Soluciones de Gestión.
En Génova ven indudable que «hay una responsabilidad penal en el caso de Ábalos», después de que la auditoría interna encargada por el ahora ministro de Transportes, Óscar Puente, revelase que su predecesor había tomado parte activa en las adjudicaciones para la mercantil presuntamente vinculada a su antigua mano derecho, Koldo García.
Tendrán que «decidir los tribunales», concretamente el magistrado Ismael Moreno, que analiza los contratos y a el papel de las personas vinculadas con Soluciones o la presunta ocultación posterior del dinero de las comisiones, si Ábalos tiene responsabilidad penal alguna en la malversación de caudales públicos, la prevaricación y el tráfico de influencia que investiga en el Juzgado número 2 de la Audiencia Nacional.
Pero, de todas formas, defendió ayer Sémper, «hay una responsabilidad política que está instalada en el Palacio de la Moncloa» y señaló, en este sentido, que «es por eso» que el presidente Sánchez «sigue evadiendo y sigue debiendo a los españoles una rendición de cuentas, una explicación de todo lo que estamos teniendo oportunidad de conocer».
