La diputada del Partido Socialista por la Región de Atacama y una de las querellantes en la causa judicial del Caso Audios, Daniella Cicardini, abogó porque en esta cuarta jornada de formalización del abogado Luis Hermosilla se establezca prisión preventiva como una medida cautelar para otorgar una señal hacia la ciudadanía y recuperar la credibilidad de las instituciones.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la parlamentaria recalcó que estamos frente, y fue parte de las conclusiones a las que llegó la Comisión Investigadora del Caso Hermosilla en la Cámara Baja, a “verdaderas redes de corrupción y de tráfico de influencias (…) y que también estos tentáculos podrían tener vínculos con el mundo político, judicial, económico, con el SII, con la Tesorería General de la República, con la PDI”.
“Cuando vemos todo este entramado evidentemente nos convencimos de que quedábamos cortos con las herramientas fiscalizadoras del Congreso Nacional y avanzamos en una querella con el diputado (Daniel) Manouchehri”, explicó.
Respecto a la medida cautelar, Cicardini sostuvo que “nosotros esperamos avanzar en una prisión preventiva no solo por la gravedad de los hechos, sino también por la situación de reiteración y, además, porque hay audios del mismo señor Hermosilla que señala que si se llegan a enterar de toda esta red de corrupción hay que arrancarse e irse a Jamaica con los pasajes y lo que nosotros no queremos es que este personaje se fugue de nuestro país, por lo tanto, lo mínimo es que podamos resguardar esta investigación y llegar hasta las últimas consecuencias con el mayor rigor de la ley para todos quienes resulten responsables. Es uno de los casos de corrupción más grandes que hemos vivido en nuestro país“.
En esa línea, y en su rol de querellante, la parlamentaria indicó que ha recibido advertencias de parte de sus colegas parlamentarios: “En el Congreso, en los pasillos, hemos recibido, quizás uno puede decir son consejos bien intencionados, pero también hay algunos con tonos que a lo menos llaman profundamente la atención, el ‘tengan cuidado, salgan de ahí’, son voces que reiteradamente a lo menos yo he escuchado y recibido por parte de mis colegas de manera muy transversal”.
“Hay algunos que deben estar muy preocupados, vuelvo a insistir, acá vemos que hay tentáculos del Caso Hermosilla que debe también penetrar en el mundo político, hay algunos que no están durmiendo bien y les incomoda que nosotros fuéramos parte de esta querella porque vamos a tener acceso a la carpeta, de hecho, tuvimos varios intentos descarados de la defensa para sacarnos del juicio”, aseguró.
En relación a un artículo publicado por el medio Ex-ante, donde se desliza la posibilidad de que pierdan el escaño al ser querellantes en este caso, la diputada respondió que es una afirmanción “sin ninguna justificación y argumento jurídico ni legal. Les puedo decir que, primero, nosotros fuimos ratificados por la Corte de Apelaciones, segundo, no tenemos ningún impedimento ni inhabilidad constitucional porque además nosotros no somos los abogados que patrocinan este caso ni tampoco estamos buscando una indemnización”.
Sobre los hechos que involucran Andrés Chadwick y la gravedad de que la defensa de su acusación constitucional haya sido financiada con dineros ilegales, Cicardini respondió que “acá no tenemos a cualquier político, es un político connotado de la derecha, de la UDI principalmente, un político que participó de la campaña de Pinochet, en reiteradas oportunidades de gobiernos de derecha, del presidente Piñera y no en cualquier puesto, vocero de Gobierno, fue ministro del Interior y él fue acusado constitucionalmente, justamente quienes lo defendieron financiados por recursos de lavado de activos que era Factop“.
Con estos antecedentes, “a lo menos nosotros quisiéramos escuchar algún pronunciamiento por parte del sector de la derecha que han tenido un silencio cómplice y obviamente nosotros estamos analizando si es que esto tiene mérito constitucional para que, por ejemplo, en el caso de (Jean Pierre) Matus pueda también tener alguna acción como una acusación constitucional“.
Respecto al dilema que suscita en el mundo político el levantar el secreto bancario, la parlamentaria afirmó que “es un tema que le incomoda a un sector económico de nuestro país, al poder económico que también tiene sus tentáculos en el poder político. El caso Hermosilla deja en evidencia de porqué es tan importante avanzar en la ruta del dinero porque, ojo, en este caso también podría estar vinculado el poder judicial.
“Con el caso Hermosilla, hoy día tenemos la oportunidad de recuperar la credibilidad de las instituciones y la fe publica del sistema completo porque esa sería la señal que esperaría el chileno y chilena en uno de los mayores casos de corrupción”, finalizó.
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