Durante 12 años no aceptaron ningún tipo de evaluación profesional o desaprobaron en alguna ocasión y no volvieron a repetir la prueba. Son 2.500 los profesores que han sido incorporados a la planilla estatal, producto de un reglamento publicado y que dispone su nombramiento.
Se trata de un nuevo y lamentable golpe a la meritocracia docente y otro atentado más contra la calidad educativa. Ya se han destruido durante este Gobierno las bases de una reforma educativa que buscó asentar las cimientos del cambio en la formación de los maestros. El trinomio estudiantes-maestros-padres de familia es el núcleo básico sobre el que se asienta la educación. Para lograr cambios se requiere, además de la participación parental y el involucramiento de los educandos, del compromiso de los maestros con su capacitación continua.
Los avances tecnológicos y del conocimiento científico no se detienen y los docentes requieren mantenerse vigentes con la información suficiente y la formación adaptada a los nuevos tiempos. Por ello es que la reforma tenía un componente de evaluación permanente para lograr maestros capacitados y con conocimientos actualizados.
Un sector de docentes se negó a formar parte de la reforma y se mantuvo ajeno a estos retos y compromisos. Continuos gobiernos no lograron convencerlos de las ventajas de la capacitación y la evaluación, pese a significar promociones y aumentos salariales, así como nombramientos en el sector.
Ha tenido que ser el Gobierno de Dina Boluarte el que terminó claudicando ante este grupo minoritario de maestros, que se ha resistido a la meritocracia y que no ha sido capaz de enfrentar los exámenes continuos. A ellos ahora se les está dando el nombramiento automático, lo que perjudica a otros profesores que sí se capacitaron y se evaluaron, pero que ahora no alcanzan las plazas porque están ocupadas por otros menos preparados. Un pésimo precedente para el sector Educación y una mala noticia para la futura formación de las nuevas generaciones.
