Álvaro Pérez, estudiante de un máster en Madrid, suspendió su primer examen de conducir práctico a principios de verano. Su idea era hacer el próximo lo antes posible, pero la autoescuela no dejaba de darle largas para retrasarlo . En su caso, tuvo que reclamar porque su examen teórico caduca pronto y no podía esperar, «no me explicaban que pasaba, simplemente me decían que no había plaza», ha explicado a ABC. Al final, ha conseguido tener una fecha para septiembre, tres meses después de su primera prueba, «estoy convencido que ha sido porque el teórico me caduca pronto, si no hubiese tenido que esperar más». La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado retrasos de hasta seis meses en los exámenes prácticos de conducir en toda España. Según ha explicado la organización, este verano se necesitan 1.000 trabajadores para cubrir la falta de examinadores . Sin embargo, el problema es más hondo y no es solo de un momento puntual del año. «Esta cuestión lleva décadas en el sector, pero este verano ha sido el peor con diferencia», asegura a este periódico Tere Coll , vicepresidenta de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE). La crisis de 2008 afectó a todos los sectores del país, incluido el de las autoescuelas. Los trabajadores se cogen la baja o se jubilan, pero la administración no cubre los puestos de trabajo que poco a poco van quedando libres. Según el CNAE, la culpa no es de la Dirección Nacional de Tráfico (DGT), el problema viene de arriba. Cuando ocurren estos casos, la DGT avisa al Ministerio de Interior para que saque plazas a concurso. A su vez, el ministerio avisa a Función Pública y «ahí se ha quedado la historia desde entonces». Sin embargo, la vicepresidenta ha explicado que cuando han mandado examinadores, en vez de ejercer su función, terminan por paliar el problema real que hay en el sistema: los puestos administrativos. «Tenemos jefaturas completamente vacías» , asegura el CNAE, y son puestos indispensables para organizar todo el papeleo, ya sea mandar los carnets de conducir u organizar las pruebas. Este problema es a nivel nacional, sin embargo, hay cuatro provincias donde se agrava: Barcelona, Gerona, Ibiza y Guipuzcoa. «Esta situación es alarmante, nunca había estado así el sistema. El problema es que este año se han juntado las vacaciones, las bajas, las jubilaciones y los traslados». Para solucionarlo, en 2022 el CNAE pidió a la DGT 700 auxiliares de administración, los puestos de trabajo que realmente se han visto perjudicados. Sin embargo, solo mandaron 140 interinos por acumulación de tareas en 2023 . Al traer tan poco personal, el CNAE volvió a mandar una nueva solicitud, esta vez de 500 auxiliares de administración, la respuesta fueron 300 para 2024. Asimismo, se junta otro problema: «La burocracia española es muy lenta» . Al mismo tiempo que los 140 administrativos que mandaron en un inicio se marchan, todavía no han llegado los 300 efectivos que técnicamente van a llegar este año. «Además, en verano hay más demanda y menos personal trabajando. Es imposible que los alumnos se examinen a un buen ritmo». «Siempre nos están arrastrando a situaciones muy complicadas» , lamenta Tere Coll. Álex Requena, dueño de la Autoescuela Requena en Barcelona, ha explicado a este periódico que tras una reunión del CNAE con la DGT el pasado 23 de julio, la situación debería cambiar. «Nos han prometido que a mediados de septiembre llegará nuevo personal y se debería 'destaponar' esta situación tan horrorosa». Otro problema son los concursos de traslado. En muchas ocasiones a los examinadores les trasladan de provincia. Por ejemplo, de Burgos a Barcelona. Al ser ciudades tan caras y se encuentran lejos de su familia, cuando tienen oportunidad piden el traslado a la provincia que desean. «El problema es que el trabajador no está contento, así que cuando tiene oportunidad pide el traslado . Así que si mandan examinadores a Barcelona, donde ahora mismo estamos colapsados, al poco tiempo se vuelven a marchar y el problema continúa», explica el dueño de la autoescuela. «Esta situación no solo perjudica a la propia administración, sino a lo más importante: a los alumnos», lamenta Requena. Al haber listas de espera tan largas, cuando una persona suspende el examen práctico, económicamente no puede pagar clases durante los cinco o seis meses que tiene que esperar a la siguiente fecha, así que solo cogen un par antes del examen . «Las posibilidades de suspender son más grandes y el colapso sigue creciendo», afirma el dueño de la autoescuela. «Lo peor es que nosotros, las autoescuelas, damos la cara por las administraciones, cuando no tenemos la culpa de que no podamos mandar a la gente a examinarse». España no es el primer país que sufre este problema, «otros países se han visto en la misma situación y, al final, han impuesto un sistema mixto: público y privado », ha explicado la vicepresidenta.
