El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) manifestó su preocupación por las implicaciones de la iniciativa que pretende desaparecer órganos reguladores, al advertir que la extinción de su autonomía y la de otros órganos constitucionales podría representar un retroceso significativo en la regulación y supervisión de sectores clave como el de telecomunicaciones y radiodifusión.
“Como lo señala la Organización de las Naciones Unidas, en un estado de derecho es indispensable que existan instituciones que se rijan por procedimientos transparentes e inclusivos en la creación de normas y que éstas se apliquen de manera imparcial, bajo principios de legalidad, igualdad ante la ley, enfoque colaborativo y eliminación de la arbitrariedad.
“Estos principios han sido la base de la labor diaria del IFT y, en ese sentido, la independencia y la especialización del órgano regulador, han abonado al fortalecimiento institucional, lo que se ha traducido en avances significativos en la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en nuestro país”, refirió el IFT en su posicionamiento.
El pasado 23 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que propone la reforma de simplificación administrativa, la cual incluye la extinción del IFT y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) como órgano constitucional autónomo.
La reforma propuesta, que aún debe ser discutida y aprobada por las cámaras del Congreso de la Unión y los congresos locales, plantea el regreso a un modelo institucional que, según el IFT, demostró serias limitaciones antes de la reforma constitucional de 2013.
Entre las preocupaciones destacadas, el IFT señala que la desaparición de su autonomía podría reducir la competencia en los mercados y afectar negativamente a los usuarios y audiencias, quienes han experimentado mejoras significativas en la última década gracias a la labor del Instituto.
“El dictamen aprobado (viernes 23 de agosto) plantea modificaciones constitucionales que implican el resurgimiento de un modelo institucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que demostró serias limitaciones para asegurar que más personas tuvieran acceso a más y mejores servicios, así como para incrementar la competencia en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión, lo que conllevaría un grave retroceso en perjuicio de las personas usuarias y audiencias en nuestro país”, señaló en su posicionamiento en respuesta a la aprobación de este dictamen.
Enlistó que en tan sólo 11 años de existencia, el IFT logró que hoy la población del país pagara 32 por ciento menos de lo que pagaba hace once años por los servicios de comunicaciones, a pesar de que la inflación se ha incrementado en este periodo.
Agregó que en 2013 la población usuaria de internet en México no superaba el 45 por ciento, mientras que en 2023 el 81.2 por ciento de la población es usuaria de este servicio. Esto equivale a 51 millones de personas que hace once años no contaban con este servicio, pero hoy sí lo tienen.
Además, informó que actualmente existen 27.7 millones de hogares con acceso a internet en el país, el 71.7 por ciento del total, cifra que contrasta con los 9.6 millones de hogares que disponían de este servicio en 2013.
Añadió que, por primera vez en la historia del país se asignaron frecuencias para la provisión comercial de servicios de radiodifusión, a través de procesos de licitación abiertos y transparentes, por lo que se conformó una nueva cadena de televisión abierta, y se cuenta con 244 nuevas estaciones de radio, desde la creación del IFT.
El IFT también hizo un llamado a que se generen espacios de diálogo y análisis para asegurar que cualquier cambio institucional favorezca el desarrollo, la competencia, la inclusión y la pluralidad, beneficiando así a todos los mexicanos.
