El programa migratorio de Joe Biden que busca regularizar a miles de migrantes en situación irregular en Estados Unidos ha encendido un intenso debate político en un año marcado por la contienda electoral. Conocido como Parole in Place, esta medida, que permite a ciertos migrantes sin estatus legal obtener permisos de permanencia, ha sido recibida con fuertes críticas, especialmente desde sectores republicanos que han decidido presentar una demanda para frenarlo.
La demanda, impulsada por 16 estados liderados por gobernadores republicanos, argumenta que el programa migratorio no es más que una maniobra política diseñada para atraer votos en un contexto electoral. Según los opositores, esta iniciativa podría tener graves consecuencias para los estados que se ven obligados a soportar el impacto de la migración ilegal, un tema que sigue siendo una piedra angular en la política de Estados Unidos.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha abierto inscripciones para el programa Parole in Place desde el 19 de agosto, con el objetivo de regularizar a más de 500.000 migrantes en situación irregular casados con ciudadanos estadounidenses y a 50.000 hijastros que también cumplen con ciertos requisitos. Sin embargo, esta medida ha sido vista con desdén por los republicanos, quienes argumentan que el programa migratorio de Joe Biden tiene fines políticos.
Los críticos aseguran que, al permitir que estos inmigrantes sin estatus legal puedan solicitar un permiso de permanencia temporal, y eventualmente acceder a la Green Card y a la ciudadanía, se está otorgando una especie de amnistía. Este aspecto ha sido especialmente controvertido en un año donde el tema migratorio es central en las campañas electorales tanto de demócratas como de republicanos.
La demanda contra el programa migratorio de Joe Biden ha sido respaldada por 16 estados, todos gobernados por republicanos, que sostienen que la inmigración ilegal puede causar daños irreparables a sus comunidades. Los estados que han firmado la demanda son: Texas, Florida, Idaho, Alabama, Arkansas, Georgia, Iowa, Kansas, Luisiana, Misuri, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee y Wyoming.
Estos estados argumentan que la implementación del Parole in Place aumentará la carga sobre los recursos estatales y locales, exacerbando problemas económicos y sociales ya existentes. En este sentido, los gobernadores republicanos han acusado a la administración de Biden de usar el programa como una herramienta para movilizar a la base electoral demócrata, en lugar de abordar los problemas estructurales de la inmigración en el país.
El Parole in Place es una medida diseñada para permitir que ciertos migrantes en situación irregular que están casados con ciudadanos estadounidenses o son hijastros de estos regularicen su situación migratoria sin tener que abandonar el país. El proceso se realiza a través de la solicitud del formulario I-131F y está sujeto a una tarifa de 580 dólares.
Para ser elegible, los solicitantes deben demostrar que han estado presentes en Estados Unidos de manera continua por al menos 10 años antes del 17 de junio de 2024, que tienen un matrimonio legalmente válido con un ciudadano estadounidense de al menos 10 años y no poseer antecedentes penales. En el caso de los hijastros, estos deben haber sido menores de 21 años y solteros antes de la fecha límite, además de cumplir con otros requisitos similares a los de los cónyuges.
Este programa, según la administración de Biden, tiene como objetivo mantener unidas a las familias que han contribuido al país durante años, permitiéndoles hacerlo de manera legal. Sin embargo, sus detractores insisten en que se trata de un esfuerzo por ganar terreno político en un tema que divide profundamente al país.
