Maduro no está conforme. Quiere empeorar el estado de las cosas. Castigar, no solo a la dirigencia política y social, sino de forma indiscriminada a cualquier ciudadano. A los peatones. A los trabajadores. A madres y abuelas. A los estudiantes. A cualquiera que haya votado el 28 de julio. En sus febriles delirios, Nicolás Usurpador ha parido su nueva tesis política: todo elector es un enemigo. Todo el que reivindica el derecho al voto, alguien que debe ser silenciado. Sacado del juego. Todo el que diga o escriba, Edmundo González Urrutia ganó las elecciones, alguien que debe ser secuestrado, encerrado y torturado.
Tras la aplastante derrota que recibió, una paliza electoral de antología, los odios de Nicolás Usurpador se han exacerbado. Basta con ver sus apariciones en las pantallas o de escuchar su voz, a partir del 28 de julio, para constatar lo que sostengo: es un sujeto fuera de sí. Poseído por las fuerzas de oscuros resentimientos. Del que emana una rabia que anda buscando sobre quién posarse. Y afirmo que es un sujeto peligrosísimo: quiere vengarse de la derrota sufrida, torcer la realidad de lo sucedido, y cuenta con instituciones del Estado, cuenta con armas y municiones, y cuenta con funcionarios policiales y militares dispuestos a disparar sobre los cuerpos indefensos de los electores. El que clama por venganza es un sujeto armado.
Estoy obligado a insistir en esto: Nicolás Usurpador se propone imponer el silencio total de los venezolanos y de los demócratas. Que no se hable más del asalto masivo a la abrumadora voluntad mayoritaria de la sociedad venezolana. Ha decidido pasar por encima de la realidad. Impedir el uso de expresiones como fraude electoral, actas, votos robados y otras asociadas a los delitos que él y otros altos miembros de su cúpula, cometieron el 28 de julio y los días subsiguientes.
Esto es importante: para él, la etapa de los disimulos ha quedado atrás. Pasó el tiempo de los argumentos, de la política, de las mesas de diálogo, de tratar de convencer a los venezolanos y a los entes observadores de otras partes del mundo, que su régimen tiene algún componente de legitimidad. El 28 de julio la perdió en dos ocasiones: primero, rechazado por los votantes, que escogieron a González Urrutia como presidente de Venezuela, en una proporción inequívoca de 7 a 3. Pero eso no le bastó. Y en un acto, desde ahora inscrito en la historia de la monstruosidad electoral moderna, los miembros de su banda lo declararon ganador. Esto significa, sin atenuantes, que a partir de enero de 2025 será no un presidente, sino un expresidente. Y punto.
Con el odio como su preceptor y guía, desenmascarado y denunciado dentro y fuera de Venezuela, capturado in fraganti, rodeado del silencio avergonzado de ministros, presidentes de empresas del Estado, gobernadores y alcaldes, directivos del PSUV, gente toda que sabe, no solo que perdió, sino que la derrota fue inclemente e inocultable; Nicolás Usurpador ha sacado de los bolsillos de su odio una Ley contra el Fascismo, el Neofascismo y Expresiones Similares, al tiempo que fabrica un Consejo Nacional de Ciberseguridad, ambos instrumentos con los que perseguir y acorralar a los ciudadanos, simplemente por haber cumplido con el deber y el derecho a votar.
¿Para qué, se preguntarán los lectores, más leyes y más Consejos, si con los que ya existen, a cualquiera le endilgan acusaciones como instigación al odio y práctica de terrorismo, y lo desaparecen y lo someten al programa de violaciones de los derechos humanos, que ejecutan el Sebin, la Dgcim y otros entes especializados en acoso, amedrentamiento, violaciones y torturas? ¿Para qué más herramientas de acoso y miedo? ¿Son necesarios a sus fines? ¿Hasta dónde pretenden llegar?
La Ley contra el Fascismo y el Consejo de Ciberseguridad son instrumentos de aniquilación. Su propósito, descarado y ajeno a cualquier fundamento legal, es impedir toda posible actividad pública y ciudadana, de cualquier tipo y objetivo, bajo el señalamiento de que eso es fascismo, neofascismo o algo semejante.
El propósito de la ley adefesio, que habla de un supuesto fascismo (adefesio ilegal e ilegítimo como Nicolás Usurpador) no es otro que impedir, erradicar toda forma de organización, de activismo, de reunión, de protesta, de encuentro, salvo los que correspondan al PSUV y a sus entes satélites. Y ello va de una tertulia a un partido político, de una iniciativa comunitaria a una organización no gubernamental, de un comité local a una asamblea de ciudadanos. Que nadie olvide esto: la ley es una enemiga estructural del Poder Popular que el propio régimen estimuló en otro tiempo.
Pero esto no es todo: lo que hay detrás de la creación del Consejo de Ciberseguridad también es grave y lesivo. Se proponen violar el carácter sagrado del hogar y la vida familiar, intervenir en las comunicaciones privadas, de modo que, como en Corea del Norte, los controles del poder sobre los ciudadanos alcancen hasta las conversaciones de carácter personal, las que se tienen, no para el ejercicio de la política en términos públicos, sino como parte del hecho cotidiano y elemental de vivir en un país, de ser un conciudadano y, en consecuencia, tener derecho a formarse una opinión sobre los asuntos que afectan los intereses y la vida de todos. La pretensión del Consejo de Ciberseguridad no es otra que conculcar ese derecho -y ese deber- que consiste en tener una perspectiva propia de la vida en común.
Mírelos con cuidado, apreciado lector: Nicolás Usurpador y Kim Jong-un se parecen cada día más. Aunque nos resistamos a aceptarlo.
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