El polémico paso de Irene Montero por el Ministerio de Igualdad será recordado, entre otros controvertidos momentos, por la aprobación de una ley Trans que sigue reconociendo el derecho de todos los ciudadanos mayores de dieciséis años a cambiar libremente su identidad de género , sin la necesidad presentar ninguna prueba documental o médica que avale dicha petición. Año y medio después de su entrada en vigor, el fraude al que se acogen violadores y maltratadores para sortear los sistemas de garantías gracias a su cambio de sexo sigue sin erradicarse, como el polémico caso de Cándido, un maltratador hispalense que en el año 2019 fue condenado a quince meses de prisión que se ha declarado «mujer» en el Registro Civil de Sevilla , lo que por el momento le ha permitido que esquivar una nueva condenada de la que estaba siendo investigado por un presunto delito de lesiones, amenazas y maltrato. Tal y como se conoció esta semana, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Sevilla ha dictado un auto de inhibición de este caso a los Juzgados de Instrucción, por lo que ahora se abre un nuevo proceso judicial que, indudablemente, dilatará en el tiempo la posible nueva pena sobre este maltratador que ya fue condenado por un delito de quebrantamiento de condena y por un delito adicional de amenazas, ordenándose hace ahora un año « su ingreso inmediato en prisión », situación interrumpida tras una petición de indulto que aún sigue pendiente de su resolución. Tal y como señala el auto del juez tras el cambio de género de «Candi» –así se hace llamar Cándido tras su paso por el Registro Civil–, en el ámbito penal del Juez de Violencia de sobre la Mujer «quedan excluidos por tanto, y por expresa voluntad del legislador, que de otra forma los hubiera incluido, los posibles delitos o delitos leves de los que sean sujeto activo o pasivo personas distintas a las mencionadas (...) En las presentes actuaciones, el sexo de la persona denunciada ha cambiado, siendo ahora el de mujer, por lo que procede la inhibición de las diligencias previas remitidas por falta de competencia objetiva , con remisión de las mismas a los Juzgados de Instrucción de Sevilla». El abogado de la víctima, José Antonio Sires , denuncia que éste es un « indubitado fraude de ley ». En declaraciones para ABC, el penalista advierte que su clienta se encuentra en « un riesgo extremo », puesto que desde que su maltratador cambió de sexo en agosto de 2023 , los «hostigamientos» y «amenazas» han crecido, ya que «este hombre ya no es hombre, ahora es mujer», y por el momento no se le puede acusar de un presunto delito de violencia de género. Esta dispensa ofrecida por la ley Trans de Irene Montero al condenado ha generado una « situación de desafección » en la víctima acerca de su confianza en la Justicia, puesto que su maltratador sigue sin entrar en la cárcel pese a tener una condena de quince meses de prisión desde el año 2019, más otras denuncias que se estaban investigando. «Ella creía que el Juzgado sobre la Mujer podría ayudarla, pero ahora su caso pasa a un juzgado que está más acostumbrado a otros asuntos como delitos, robos y calumnias», señala el letrado. Aunque el abogado prefiere preservar a su clienta, transmite a este periódico la confesión que recientemente le realizó la víctima, una vez que los « insultos y agresiones » han vuelto a producirse y que los cuerpos policiales ya no pueden aplicarle las mismas medidas de protección de las que antes disponía: « Ya no confío en la Justicia, cualquier día me va a pasar algo... ». José Antonio Sires explica que la última «agresión física» se produjo el pasado 10 de julio , denunciada nuevamente como un delito de lesiones con un parte médico que así lo certifica. «El pasado 9 de agosto volvió a presentarse [el maltratador] en la puerta de su domicilio para amenazarla, pero como está pendiente de una petición de indulto, puede estar en la calle. Ella llama a la Policía pero le dicen que como su maltratador es ahora una mujer, que la deben tratar como tal».
