Hace poco más de un mes, el 18 de julio, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez se reunía con el flamante primer ministro británico Keir Starmer para retomar el tratado entre ambos países por la cuestión gibraltareña. El encuentro bilateral se cerró con la promesa de un acuerdo a corto plazo, garantizado por la confluencia de dos gobiernos progresistas al frente de las dos naciones. Prácticamente en los mismos días, el ministro principal del Peñón, Fabián Picardo , concedía una entrevista al diario La Vanguardia en la que, entre otras cuestiones, censuraba el hecho de que «la derecha y la ultraderecha españolas mantengan sobre Gibraltar el espíritu de la reconquista». El mismo dirigente había aplaudido la continuidad de Sánchez tras el amago de dimisión de finales de abril al asegurar que eso sería «bueno para Gibraltar». Entre otras cuestiones, el tratado parece que respetaría la singularidad de la Colonia , pues según Picardo «no puede tener el mismo régimen fiscal que España, porque entonces no podríamos crear la prosperidad compartida a la que aspiramos». Por eso es particularmente llamativo que, en una negociación en ciernes, se hayan vivido diversas tensiones diplomáticas en las últimas semanas. La más reciente, el pasado lunes 19 de agosto, cuando dos patrulleras y una lancha semirrígida de la Marina Real (Royal Navy) Británica realizaron unas maniobras en la zona de aguas donde TNG Global Foundation está construyendo el macroproyecto. Aguas que España reconoce como suyas al no haberse otorgado a Reino Unido en el Tratado de Utrecht que sí le confirió el terreno en torno al Peñón. Si la primera transgresión fue ejecutar el ejercicio, la segunda llegó cuando la Marina Real expulsó del lugar a una patrullera de la Guardia Civil . El día 30 sucedió lo mismo pero a la inversa, una embarcación de la Benemérita se acercó a la playa de Levante, de soberanía gibraltareña. «La actuación de la patrullera española es totalmente inaceptable y los agentes que iban a bordo deberían saber que no deben permitirse un comportamiento tan provocador y peligroso», afearon fuentes oficiales de la Colonia, que sin embargo no excusaron en ningún momento lo sucedido recientemente con la Royal Navy . Ni en esta ocasión, ni en las numerosas maniobras previas. De hecho, el alcalde de Algeciras José Ignacio Landaluce , reclamó este miércoles al Gobierno de España información sobre el «absolutamente injustificable acoso al que la Royal Navy ha vuelto a someter a embarcaciones de la Guardia Civil en aguas españolas cercanas a la colonia de Gibraltar». El también senador del PP es habitual voz crítica respecto a la gestión estatal ante las «demostraciones de fuerza» de Reino Unido. Ya lo hizo en más de una ocasión respecto a los rellenos del Eastside y ahora ha vuelto a hacerlo sobre organización de la comarca. Y es que hace nueve meses que se destituyó a Juan José Sanz y Javier Benosa como delegado especial del Ministerio de Asuntos Exteriores para el Campo de Gibraltar y responsable de la Oficina de Asuntos de Gibraltar , respectivamente, sin que aún se hayan designado a los sustitutos. «Se ciernen dudas sobre si el Ejecutivo socialista pretende con esta situación impedir que haya más testigos directos en las negociaciones relacionadas con Gibraltar», infirió Landaluce el pasado jueves. Esa teoría del silencio consciente es la que muchos sectores defienden, reforzados ahora por el reconocimiento expreso del Gobierno de saber que se exportan millones de kilos de piedra a Gibraltar, pero no con qué intención.
