A enemigo que huye, puente de plata, reza el dicho que las eléctricas españolas quisieran aplicar a la más que previsible marcha de la ministra de Transición Energética y Reto Demográfico, Teresa Ribera, con quien las relaciones han sido más que tirantes a lo largo de sus más de seis años en el cargo. Y es que no hay prácticamente nadie en el sector, si hablamos de las grandes energéticas, que no quiera ver cuanto más lejos mejor a la todavía vicepresidenta tercera.
Pero sus más de seis años no solo dejan lagunas como la escasa implantación del autoconsumo pese a fulminar el llamado «impuesto al sol» nada más llegar al cargo, la amenaza de una segunda burbuja renovable, en este caso fotovoltaica, la incapacidad para acelerar las inversiones en redes eléctricas y levantar las restricciones vigentes, sino también la incertidumbre más absoluta sobre o el futuro de su plan de transición energética, basado en una implantación masiva de placas solares y del almacenamiento y de la desaparición paulatina de la nuclear que, con siete reactores activos, genera el 20% de la energía que consume España, el 56% en Cataluña.
Al margen quedan los asuntos fiscales, donde Ribera ha mostrado su ambivalencia. Primero, ante las amenazas de las energéticas de paralizar sus inversiones y de Bruselas, favorable a retirar las medidas excepcionales puestas en marcha por la crisis generada por la invasión rusa en Ucrania, dejó abierta la puerta a retirar el «impuestazo».
Luego, hace apenas unos meses, se decantaba por hacerlo permanente, pese a que está recurrido por las energéticas (y la banca) aunque incluyendo fórmulas de incentivos a la reinversión en transición ecológica, a pesar de que no hay Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año. Finalmente, parece que el «impuestazo», que grava el 1,2% de la cifra de negocio, decaerá más por el desplome de la recaudación por los bajos precios de la energía que por la ministra.
Sin embargo, aunque Ribera, perdedora en las europeas por cuatro puntos ante la popular Dolors Monserrat no ha recogido su acta de eurodiputada en la creencia de que tiene amarrado un cargo de comisaria, no está claro su futuro y mucho menos si ese puesto tendrá alguna vinculación, aunque sea colateral, con la transición energética de Europa.
Al parecer, las reticencias llegan por partida doble: el sector nuclear y el profundo recelo de Francia a su posible comisariado energético. En realidad dos caras de la misma moneda acuñada en uranio. Porque los intereses franceses no se pueden desligar de los del sector nuclear.
Y es que Francia cuenta con 56 reactores nucleares operativos de agua a presión (PWR) –considerados de «generación II», relativamente jóvenes, con unos 37 años de media– junto con un reactor EPR (reactor europeo de agua a presión) que se está construyendo en Flamanville, de «generación III». Gracias a ellos, bajo gestión de la pública EDF, el 70% de la generación eléctrica es de origen nuclear y Francia tiene una generación libre de emisiones al 80%, ya que más del 11% de la generación es hidroeléctrica.
Normal que medios que diseccionan la actualidad de Bruselas, como la versión europea de «Politico», llamen la atención sobre ese importante escollo: la etiqueta de Ribera de «antinuclear» desde sus años universitarios hasta la fecha. Y es que a Ribera se le atribuye, no sin razón, haber impulsado «el cierre de los reactores nucleares», «criticar el coste de la energía nuclear» y calificar de «gran error» la decisión de la UE de considerar las inversiones en nuclear como «sostenibles».
En un reciente artículo, «Politico» cita fuentes sin identificar del Gobierno francés que aseguran que París hará este otoño lo necesario para impedir que la gestión energética de la UE «caiga en manos de alguien antinuclear».
Y es que, cuando Ribera presente formalmente su candidatura como comisaria ante la Eurocámara le caerá un aluvión de cuestiones sobre si frenará el resurgimiento de la energía nuclear en Europa, donde Alemania se replantea reiniciar las tres centrales apagadas por los Verdes antes de tiempo –de hecho la conservadora CDU ya lo ha anunciado si alcanzan el poder en 2025–, Polonia levantará un tercio de los 60 reactores en construcción en el mundo y hasta Italia, que cerró sus cuatro plantas tras un referéndum en 1990, quiere explorar la reintroducción de la nuclear con mini-reactores SMR, más rápidos de implantar y con menores costes.
«En cada grupo político hay quienes no votarán por alguien que sea un oponente abierto de la causa nuclear», sostuvo el eurodiputado francés pronuclear Christophe Grudler, miembro del grupo centrista Renew Europe. «Una comisaria está aquí para implementar el programa de la Comisión, no hay lugar para sentimientos personales», agregó.
Está por ver también qué papel jugaría el hecho de que la jefa de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, haya defendido públicamente que la UE necesitaba la energía nuclear como una «fuente estable» de energía frente a las tesis antinucleares de Ribera.
El poder de Francia quedó claro cuando en diciembre pasado los países miembros y los legisladores europeos llegaron a un acuerdo sobre ayudas públicas para la inversión en las plantas nucleares existentes, y luego, en febrero de este año, sobre la reducción de la burocracia para la nuclear como tecnología de emisiones «netas cero».
Además, Bruselas incluyó a la nuclear en su hoja de ruta para alcanzar sus objetivos climáticos para 2040, y en febrero lanzó una alianza industrial para acelerar la implantación de reactores modulares SMR. Demasiados factores en contra, salvo que se produzca una conversión atómica.
