Cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018 vio en la inmigración una oportunidad para dar un primer golpe de efecto que le diferenciara de las políticas de su antecesor, Mariano Rajoy. Acogió al barco «Aquarius» que llevaba días varado en las costas italianas sin puerto en el que atracar porque ningún país europeo quería hacerse cargo. Sin embargo, con el aumento de llegadas de pateras a las costas españolas, especialmente a partir de 2018, efectuó un giro que marcaría sus siguientes medidas: volver a las devoluciones en caliente, las expulsiones exprés –incluidos menores– o el refuerzo de las relaciones con Marruecos a costa del pueblo saharaui. Ninguna de las decisiones que ha tomado ha logrado frenar las llegadas irregulares, que se encuentran en niveles de récord.
El drama migratorio en las Islas Canarias es el nuevo frente que tiene abierto el Ejecutivo, pero no él único. Otros puntos de llegada como Ceuta y Baleares también están soportando una presión migratoria sin precedentes.
Tras reunirse con el presidente canario, Fernando Clavijo, el pasado viernes sin ofrecer una respuesta estatal al fenómeno ni tender la mano al principal partido de la oposición, el Ejecutivo continúa sin un plan mientras los recursos están colapsados y la paciencia de la población en las zonas afectadas está al límite.
El Hierro no puede más. «Lo que está sucediendo en la Isla es un desastre. Parece increíble que esto ocurra en un país soberano y de la Unión Europea. El Gobierno de Pedro Sánchez actúa como si aquí no pasara nada». El que pronuncia estas palabras es Fernando Gutiérrez, portavoz de la Cofradía de Pescadores del puerto de La Restinga. Este tranquilo puerto que pertenece al municipio de El Pinar se ha visto sobrepasado por la avalancha de llegadas de pateras a sus instalaciones. Este embarcadero de la Isla de El Hierro es desde hace unos meses el epicentro de la inmigración irregular como otrora lo fueron Arguineguín en Gran Canaria o Lampedusa en Italia. No importa que para llegar hasta esta pequeña isla canaria de 268,7 kilómetros cuadrados de superficie y 11.000 habitantes quienes se suben a una barcaza principalmente desde la vecina Senegal, Gambia o Guinea Bissau tengas que poner en peligro su vida para recorrer más de 1.700 kilómetros y alcanzar este territorio, que es el más alejado de África. Este aluvión de llegadas está influyendo en la vida de los locales.
«Los españoles, ¿dónde quedamos?», se pregunta. «Van a construir un centro de acogida y aquí llevamos años reclamando una residencia de ancianos que no llega», dice tras exponer que los centros sanitarios están completamente saturados y no hay citas para pruebas médicas. Visiblemente enfadado, insiste en que la llegada de pateras se está convirtiendo en «una auténtica invasión» sin que el gobierno haga nada. «Por qué se ha reunido Sánchez en La Palma en vez de en El Hierro? ¿Es que no quiere ver lo que está sucediendo aquí?», se pregunta. La población local es una de las afectadas por este fenómeno que está poniendo contra las cuerdas las capacidades de esta tranquila Isla hasta hace un año.
Lo sabe muy bien Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, quien recuerda el deterioro de los servicios públicos durante la anterior oleada migratoria en plena pandemia. «La situación actual no tiene nada que con la que vivimos en 2020. Hemos conseguido que tras la crisis en El Hierro, por fin, el Estado asuma retirar los cayucos en 72 horas», asegura. No obstante, las llegadas siguen siendo continuas. No en vano, siempre que se cierra un ruta migratoria, se abre otra. La presión que otrora soportó el Puerto de Arguineguín se ha trasladado a El Hierro donde sus habitantes instan al gobierno a no mirar hacia otro lado.
