En Perú, la pena de muerte, aunque legalmente reconocida en la Constitución de 1993 para casos específicos como traición en tiempos de guerra, sigue siendo objeto de debate. Desde su última aplicación en 1979, esta figura ha permanecido sin uso, generando controversia sobre su vigencia en el sistema jurídico peruano.
Tras ello, propuestas recientes han sugerido extender su aplicación a delitos como terrorismo, violación de menores y feminicidio. Sin embargo, estas iniciativas se enfrentan a fuertes críticas por parte de defensores de derechos humanos y obstáculos derivados de compromisos internacionales.
La última ejecución de la pena de muerte en el Perú fue la del suboficial de la Fuerza Aérea Peruana (FAP) Julio Vargas Garayar, llevada a cabo el 20 de enero de 1979. Fue condenado por traición a la patria, acusado de brindar información confidencial a Chile sobre la base militar de La Joya en Arequipa.
El artículo 54 de la Constitución de 1933 establecía que la pena de muerte se impondría por delito de traición a la patria y homicidio calificado, así como por otros delitos que señalara la ley.
Vargas Garayar supuestamente proporcionó a Chile información sobre el sistema de antenas ADF y HDF, la ubicación y funcionamiento de los dedos de dispersión, pistas de aterrizaje, emplazamientos subterráneos, y fotos y planos de la base militar de La Joya en Arequipa.
La Constitución peruana vigente, de 1993, establece en su artículo 140 que la pena de muerte se aplicará en casos de traición a la patria en tiempos de guerra y terrorismo. Sin embargo, esta ampliación es considerada inconvencional según la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que resulta inaplicable.
Se quiere abolir totalmente la pena de muerte en el Perú por la posibilidad de errores judiciales, y porque los grandes logros del derecho en la actualidad deben estar vinculados a su humanización. Además, la inaplicabilidad de la pena de muerte según la normativa internacional refuerza la necesidad de su eliminación.
La traición a la patria se refiere a actos cometidos considerados como una grave deslealtad o daño hacia su propio país. Estos actos pueden incluir proporcionar información confidencial o secreta a un país enemigo, colaborar con fuerzas extranjeras en contra de los intereses nacionales, o realizar acciones que socaven la seguridad o la soberanía del país.
